El reto es enorme, pero en el camino no hay marcha atrás.
Así lo dejó entrever el titular de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, al reiterar que hay sectores que quieren obstaculizar la depuración policial.
Sin embargo, fue contundente al señalar que se trabaja por lograr una nueva generación de policías. “Queremos decirles que el problema no solo es dentro de la Policía, sino que es en todos los operadores de justicia, pero nos interesa que la Policía no se vaya a satanizar porque lo que estamos haciendo es fortalecer la institución”.
“Algunos quieren dar a entender que se quiere destruir la institución pero nosotros estamos viendo que los miembros que llegan a la institución sean miembros que tengan dignidad y que tengan humanismo, respeto a los derechos humanos y que su trabajo lo hagan con compromiso, con voluntad y responsabilidad para tener una Policía que sea respetada a nivel nacional y mundial”, dijo Bonilla al salir de una reunión con el titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva.
“Venimos a coordinar con el abogado Eduardo Villanueva y con un funcionario de la Embajada Americana algunas actividades que son exclusivas para darle seguimiento a la investigación a estos casos que están puestos a disponibilidad por el momento, porque la institución no tiene ningún revanchismo contra nadie, sino que es una función institucional y de sociedad porque hacia eso vamos orientados”, enfatizó el jefe policial.
“Estos policías quedan en disponibilidad, pero sujetos a la ley de la Policía Nacional, es así que yo recomiendo que sigan en la condición que están porque es la ley la que está tomando la decisión que corresponde a través del director general”, dijo.
Derecho
El presidente Porfirio Lobo dijo ayer que los miembros de la Policía Nacional que amenazan con ir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras haber sido separados de la institución, “están en su derecho”.
El gobernante reaccionó sobre el particular durante una conferencia de prensa ofrecida durante la entrega de 2,000 títulos de propiedad en el sector de la 3 de Mayo de Comayagüela.
“Es un derecho constitucional de cualquier hondureño cuando siente que le han violentado un derecho va a la Corte y pide que se le restituya ese derecho”, indicó escuetamente el gobernante.
Dudas
Por su parte, Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), dijo que poner a disponibilidad a casi cien miembros de la Policía Nacional “es un paso importante pero no sé si es suficiente, porque deberíamos tener más precisión de lo que implica la categoría disponibilidad”.
Lo que no se sabe es “si esto es un paso previo antes de la salida o es un paso intermedio y qué garantías tienen estos policías que pasan a esta situación, qué continúa, porque sin lugar a dudas hay policías que están involucrados en crímenes y deben de ser investigados”, reiteró Castellanos.
“No es suficiente la suspensión de ellos, sino que la investigación y el castigo, cuando así lo amerite”, enfatizó la rectora universitaria. También considera que “es bueno que haya un proceso de este tipo, porque aquellos policías que no tienen nada en su contra que dañe su vida profesional, van a quedar limpios y eso lo necesita toda institución, fundamentalmente la Policía, donde el servicio que presta es a la comunidad ya que el policía es un funcionario especial porque tiene un arma a su disposición, tiene un poder y tiene autoridad y debe hacer el mejor uso de esos recursos”.
En relación a las reuniones de algunos oficiales comentó: “Sin lugar a dudas, nosotros tenemos la misma información que se reúnen, inclusive para ver estrategias de cómo poder contrarrestar estas decisiones”.
Es más, hace algunos tres meses, tuvimos acceso a una información donde estaban pidiendo una contribución a todos los policías afectados para poder pagar un abogado y contrarrestar estas medidas, prosiguió Castellanos.
“Eso lo conocimos hace unos tres meses, por lo que ellos (los policías) han venido preparándose y estas son las incertidumbres que generan porque obviamente hay un derecho a no ser perjudicados”, comentó.
“Pero si no han pasado las pruebas de confianza y tienen problemas donde sus bienes no coinciden con sus ingresos, allí es donde hay que investigar profundamente, porque hemos conocido también de opiniones que han proferido amenazas contra quienes hoy están tomando decisiones o sobre quienes estamos impulsando los cambios en la Policía y esta información se recibe, se procesa, se analiza, se toman las medidas y no es de esperar y quedarse de brazos cruzados”.
Julieta Castellanos aseveró que “sería ingenuo creer que ellos (los policías) no van a hacer acciones legales o criminales contra quienes hemos impulsado medidas de este tipo. Así que no estaríamos frente a nada nuevo y lo que procede es tomar las medidas y acciones que hay que tomar”.
Según la funcionaria, al policía que se le compruebe que ha participado en reuniones para “conspirar”, inmediatamente deben ser separados de la institución ya que eso está considerado como una falta grave.
