La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) investiga los movimientos financieros y patrimoniales de 95 miembros de la Policía Nacional.
Eduardo Villanueva, titular de la DIECP, explicó a EL HERALDO que de los 95 investigados 75 son oficiales de las escalas 1 y 2, comisionados generales hasta subcomisionados.
Como la ley establece que también se debe investigar el entorno familiar y del parentesco desde el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, el número de personas del entorno familiar es de 294 investigados. Eso significa que al sumar al total de investigados, la cifra sube a 389 personas.
“Con las investigaciones que realizamos en algún momentos vamos a extraer si hay delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos o cualquier otro delito relacionado con el patrimonio”, dijo Villanueva.
Además de eso, las autoridades de la DIECP han solicitado al Centro de Información de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detalles de 151 uniformados para saber si están sometidos a procesos judiciales.
También se ha solicitado información al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de 49 oficiales de policía que se encuentran en las escalas 1 y 2.
“Esas solicitudes es porque tenemos que hacer este trabajo a profundidad, para determinar si estos miembros de la carrera policial han incurrido en delito”, explicó Villanueva.
De acuerdo con el funcionario, las acciones investigativas no se suspenden por ninguna razón sino hasta cuando se deduce si hay o no una conducta delictiva, de manera que las acciones que ahora realiza el mando policial en relación con la disponibilidad de los miembros de la Policía que no tienen asignación específica en este momento y que pueden ser separados hasta por un año mientras se realizan las investigaciones es legal, adecuado a derecho y va a contribuir a que la Policía mejore sus índices de credibilidad.
En cuanto al proceso de depuración, Eduardo Villanueva comentó que una entidad pública que desarrolla un servicio tan importante como lo es la Policía Nacional “debe ser una institución transparente, eficaz y una institución que rige su actividad a la ética y al principio de la legalidad”.
Por eso, es fundamental para fortalecer la institucionalidad policial “una depuración profunda que no solamente sirva para que los policías malos sean sometidos a juicio y a la acción de los tribunales, sino que también sirva para acreditar y certificar el comportamiento y la conducta de los policías en su función pública”, concluyó Eduardo Villanueva.
