El Ministerio Público (MP) demanda reactivar juicios por el saqueo de 40 millones de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH), conocido como el “carretillazo”.
Una trama para dilatar el proceso resulta evidente.
La acusación la interpuso la Fiscalía contra la Corrupción hace más de tres años y no avanza en los tribunales, por lo que el caso se mantiene impune.
Según los antecedentes, la Fiscalía contra la Corrupción interpuso el requerimiento fiscal el 5 de julio del año 2009 contra el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, en perjuicio de la administración pública.
“En el proceso de investigación se establecieron algunos elementos orientados a la deducción de responsabilidades en contra del ciudadano Enrique Flores Lanza, contra quien se presenta este requerimiento”, expresó el portavoz del MP, Melvin Duarte. El requerimiento fiscal lo interpusieron los fiscales anticorrupción Karla Roque y Leonardo Orellana.
Tras interponerse la acusación, el Juzgado Penal fijó fecha para la celebración de la audiencia de declaración de imputado. La misma no se celebró porque la defensa interpuso una recusación de enemistad manifiesta con la jueza que estaba conociendo la causa. Específicamente el abogado defensor Daniel Rivera Mena argumentó la enemistad manifiesta con la jueza Alejandra Ochoa.
Esta resolvió apartarse de intervenir en el proceso y se remitieron las diligencias a la Corte de Apelaciones, expresó Duarte. El 14 de diciembre se declaró sin lugar la recusación.
Cuando todo parecía indicar que se reactivaría el proceso, la defensa de Flores Lanza recusó a los fiscales contra la Corrupción, por lo que nuevamente se estancó el proceso. La recusación contra el equipo fiscal fue nuevamente declarada sin lugar en primera y segunda instancia.
Ante ello la defensa interpuso un recurso de amparo en la Sala Constitucional.
“El recurso de amparo está siendo conocido por la Corte Suprema de Justicia, debe resolverse en el menor plazo posible para que pueda continuarse el proceso penal”, expresó. “Lo que urge es que el recurso sea resuelto y se reinicie el proceso penal”, agregó el vocero. Es tal la dilación que aún no se ha celebrado la audiencia de declaración de imputado, que es la primera en el proceso de conocimiento de un requerimiento fiscal.
Tras declararse sin lugar las recusaciones se había fijado el 15 de junio de 2011 la celebración de esta audiencia, sin embargo, la misma se suspendió por la presentación del amparo.
Cuando se resuelva el amparo el expediente retornará al juzgado de primera instancia para que el proceso se reactive con la celebración de la audiencia de declaración de imputado.
En dicha audiencia se hacen del conocimiento al imputado los hechos por los que es acusado, se le concede el derecho a declarar, el juzgado le impone medidas cautelares y fija fecha para celebrar la audiencia inicial.
Suficientes pruebas
Es en la audiencia inicial cuando la Fiscalía tendrá la oportunidad de presentar ante la jueza las pruebas que tiene contra Flores Lanza. Igualmente, la defensa aportará las evidencias que cuenta.
“Los argumentos de cada una de las partes, tanto del MP como la defensa, deben ser conocidos en las diferentes etapas del proceso, no hay otro mecanismo para que una autoridad competente en Honduras diga si una persona es inocente o es culpable”, dijo.
Para el caso, afirmó que la Fiscalía contra la Corrupción cuenta con evidencias suficientes para acreditar la comisión de los delitos y la responsabilidad de Flores Lanza en los mismos. “Si el MP no tuviera suficientes evidencias, irresponsable sería de presentar requerimiento fiscal”, dijo.
Duarte confirmó que la Fiscalía cuenta con la versión testifical del exministro de Seguridad, Jorge Rodas Gamero. El exfuncionario detalló cómo se tramitó el retiro, quién lo hizo y cómo fue entregado a Flores Lanza. Aseguró que vio el dinero en el escritorio de Flores Lanza, que este le justificó que el retiro era “orden del jefe”.
“Todas las versiones que él (Rodas Gamero) ha manifestado de manera pública, en diversos espacios, constan en el expediente conocido por los fiscales”, indicó.
Cuenta con la prueba anticipada tomada a tres testigos protegidos que igualmente afirman que Flores Lanza recibió los 40 millones de lempiras en efectivo. A estas se suma evidencia documental y pericial.
“Lo importante aquí es que la verdad material de los hechos pueda ser conocida mediante los mecanismos que están instituidos en el estado de derecho”, manifestó. “Si se está dilatando con recursos, mediante este tipo de acciones, nunca vamos a llegar al conocimiento de la verdad”, agregó. Asimismo, aclaró que el MP no tiene ningún interés particular ni personal.
CNA exige que saqueo no quede impune
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) exige que la sustracción de 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras no quede impune.
Por este caso, conocido como el “carretillazo”, la Fiscalía contra la Corrupción acusó a Enrique Flores Lanza por suponerlo responsable de abuso de autoridad y malversación de caudales.
“El CNA, como una instancia de sociedad civil, espera que este caso no quede impune”, dijo la coordinadora del CNA, Dulce Zavala.
El juicio se mantiene estancado en los tribunales, por lo que la Unidad Jurídica del CNA le está dando seguimiento a este escándalo de corrupción. Zavala instó a una mayor celeridad en el juicio, que se reactiven y se concluyan.
Expuso que la Fiscalía debe enfocar sus actuaciones sin reserva alguna ni compradazgos con nadie. Por lo tanto, espera que la investigación sea objetiva e imparcial.
Llamó a fiscales a profundizar en las declaraciones que brindó el exministro de Seguridad, Jorge Rodas Gamero, quien afirmó que Flores Lanza fue quien recibió los 40 millones de lempiras.
Por la denuncia, la coordinadora del CNA llamó a seguir el procedimiento que la ley establece para la deducción de responsabilidades.
