BARCELONA, ESPAÑA.- Con un total de cuatro delitos será juzgada la cantante colombiana Shakira después de rechazar un acuerdo que le ofrecía la Fiscalía en España para evitar esta instancia.
La artista ha manifestado que confía “pleanamente” en su inocencia.
De acuerdo con informaciones, el equipo legal de la intérprete de “Waka Waka”, mantiene conversaciones con la Fiscalía de Barcelona para llegar a un acuerdo de rebaja para la pena, pero según se conoció la última oferta del Ministerio Público “violentaba sus derechos”.
En ese sentido, a través de un comunicado, Shakira asegura que ha optado por “dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón”.
De acuerdo al escrito, deja entrever que “su voluntad siempre ha sido seguir adelante en el proceso penal, sin conformarse con una rebaja de la condena que podría corresponderle”.
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Shakira afirmó que este caso es un “total atropello” a sus derechos, porque siempre “demostró una conducta impecable, como persona y contribuyente, y una plena disposición a solventar cualquier diferencia desde el primer momento, incluso antes del proceso penal”.
Anteriormente la artista devolvió 17.2 millones de euros a la Hacienda española, la suma presuntamente defraudada más los intereses, y “desde ese pago no existía “ninguna deuda pendiente”.
Sin embargo Hacienda Española reclama unos 14.5 millones de euros al averiguar que en 2012 la cantante ,que ya residía en España, estaba obligada a tributar al Estado español, pero supuestamente ocultó ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.
“Papeles del paraíso”
El caso se originó desde 2017, cuando en los denominados “papeles del paraíso” o “Paradise Papers”, una investigación llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelaron que residía en Barcelona junto a su marido, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y sus dos hijos, pero estaba supuestamente estaba inscrta en el paraíso fiscal de las Bahamas.
La investigación revelaba además que la cantante gestionaba en dos países con libertados fiscales que son Malta y Luxemburgo, aproximadamente unos 31.6 millones de euros por derechos de autor de sus canciones.
Los abogados de la cantante aclararon que residía en las islas Bahamas desde 2004 pero los años siguientes tuvo que viajar continuamente, hasta 2015 que su estadía en España la obligaba a tributar y que la gestión de esos millones se realizaba desde 2007 y no desde 2004 a través de una sociedad maltesa que “cumple con todos los requisitos legales”.
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