Leyes, reformas y medidas han sido insuficientes contra criminalidad en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Desde 2002 hasta 2026, Honduras ha implementado al menos 24 políticas y 130 leyes para atacar la inseguridad, narcotráfico y violencia.

Se creó la la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos (en 2002), Ley Antimaras (2003), Comunidad Segura (2005), la Policía Militar del Orden Público (en 2013), hubo reformas constitucionales y penales (en 2018 y 2020) y el señalado estado de excepción (en 2022), pero los hondureños sienten una carencia absoluta de una política integral del Estado en materia de seguridad, según expone el informe "Estado de País 2026, seguridad y Justicia" de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

De acuerdo con analistas, criminólogos y criminalistas, esto ha provocado la descomposición a lo interno de los entes operadores de justicia, llevándolos a que sus actuaciones sean erráticas, descoordinadas y puramente reactivas frente al avance de la delincuencia y crimen organizado.

Para ellos, esta situación no es nueva, ya que durante décadas el sistema de seguridad ha operado bajo una lógica de improvisación constante, donde cada nueva administración busca borrar el legado de la anterior para implementar sus propias, limitadas y repetitivas estrategias.

De acuerdo con Nelson Castañeda, director del proyecto Seguridad y Justicia de la ASJ, ante la falta de una política integral a corto, mediano y largo plazo, es común que las instituciones operadoras de justicia actúen cada quién por su lado, como si fueran islas.

“Esto es producto de la ausencia de una estrategia bien definida, la cual no se da por la falta de voluntad política, así como por la falta de capacidad y visión para poder desarrollarla”, afirmó.

“Al final lo que vemos cada cuatro años es un borrón y cuenta nueva y arrancar con un proceso de improvisación destacándose que lo que se hizo en el pasado no sirve y que se debe armar algo nuevo; ese ha sido el círculo vicioso que hemos visto los últimos 25 años”, lamentó.

Para Castañeda este ciclo de improvisación ha llevado a que el Estado hondureño ejecute acciones para combatir la inseguridad que han sido un fracaso. De ahí "el cierre de direcciones, unidades investigativas o reiniciándolas con nuevos nombres, pero con los mismos actores y aplicando el mismo manual", señaló al analizar la desidia institucional.

Para él, esta práctica, que se repite cada vez que surge un escándalo, es vista por la gente como una maniobra cosmética que ignora la urgente necesidad de evaluar los resultados reales en la reducción de la incidencia delictiva y criminal.

Al abordar el tema de seguridad también no se puede obviar como la corrupción golpea a este sector, dijo Castañeda, recordando que en “las últimas tres gestiones de gobierno son más de 124,000 millones de lempiras” que se han invertido y resulta que por mala gestión se dejó de pagar el sistema integrado de identificación balística (IBIS), se descuidaron los laboratorios, pero se compraron unas Black Mambas que no han servido para nada.

Castañeda consideró que “el país ya no ocupa más diagnósticos, Honduras ocupa acción; las recomendaciones ahí están, los documentos ahí están, lo que pasa es que las estrategias no se cumplen, y en ese sentido la regla siempre ha sido la improvisación”, lamentó.

Desde el año 2011 cuando los homicidios alcanzaron una tasa de 86 por cada 100 mil habitantes, los gobiernos han venido actuando sin una estrategia clara. El Legislativo implementó el impuesto de la Tasa de Seguridad para los operadores de justicia, que luego se volvió un foco de corrupción, luego creó la fuerza Tigres, que igualmente fue desbaratada.

Asimismo los congresistas dieron origen a la Policía Militar que actualmente está en funciones; crearon la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), que después fue desaparecida; también realizaron reformas penales que, según el abogado German Licona, algunas de las modificaciones beneficiaron más a los delincuentes presos que a la sociedad.

Por otro lado, el Ejecutivo puso en manos de policías y militares los centros penales, donde los directores terminaron involucrados con los miembros del crimen organizado, intentó construir una cárcel en Las Islas del Cisne que terminó en fracaso, seguidamente se impuso en los últimos cuatro años un estado de excepción sin mayores resultados.

Además se colocó a un oficial de la Policía Preventiva en la dirección de la directora la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) dependencia del Ministerio Público y el actual gobierno hizo lo mismo.

Como el crimen sigue rebasando el accionar de los operadores de justicia, recientemente el diputado liberal Rashid Mejía propuso en el Congreso que para mejorar la seguridad ciudadana se les aumente el sueldo a los policías; mientras tanto, la congresista Iroska Elvir recomendó copiar el modelo Bukele, y otras voces poco creativas recomendaron sacar a los militares a las calles.

Lo último del Legislativo es que tras el escándalo de la muerte de cinco policías de la Dipampco, en Corinto, Cortés, eliminaron esta dirección y crearon otra fuerza denominada División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas adscrita a la Dirección Policial de Investigación (DPI), un brazo de Policía con agentes también muy cuestionados, según denuncias recibidas en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Toda esta improvisación, según los expertos, no tiene sostenibilidad en el tiempo y golpea en toda la línea de coordinación y competencia de los operadores de justicia. Pusieron de ejemplo el caso de Yosary Yasmin Valle, hija de un exlíder de la estructura de "Los Valle”, quien fue acusada del asesinato de tres personas.

La fiscalía presentó un requerimiento fiscal que los jueces aprobaron. Tras una alerta internacional, Yosary fue detenida en Guatemala y entregada a la policía hondureña, que la remitió a los tribunales de justicia, pero los procuradores del Ministerio Público no presentaron a un perito clave en el proceso por eso recibió sobreseimiento provisional.

Otro caso es el de Ramiro Muñoz, titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), quien denunció a una jueza de Catacamas, Olancho, por dejar en libertad a José Paguada Gómez, un presunto lavador de activos detenidos con un arsenal de guerra.

De acuerdo con el criminólogo Reynaldo Rubio, el combate de la inseguridad tiene fallas estructurales. "Creamos políticas estatales de seguridad débiles solo para cubrir ciertos grados de peligrosidad, pero no son suficientes, eficientes, porque no son estrategias sólidas en el tiempo".

Rubio sostuvo que la solución no pasa por crear nuevas agencias ni por aumentar penas, sino por un cambio profundo en el enfoque de Estado: "Combatir la corrupción, eso es lo primerito. No le ponga armas ni más aumentos a policías ni más cárceles ni nada, porque no va a pasar nada".

Esta perspectiva subraya que “mientras no se ataquen las raíces de la delincuencia, que se originan en las élites del poder, el fruto del sistema de seguridad seguirá estando podrido”, añadió.

Señaló que la falta de una política de Estado ha permitido que el sistema se fragmente en "islas" donde cada entidad trabaja por su lado, aumentando la impunidad y la desconfianza ciudadana.

Históricamente, la politización ha sido el mayor obstáculo en la lucha contra la inseguridad, pues los gobiernos han utilizado las instituciones de justicia como botín político para proteger sus intereses, debilitando cualquier esfuerzo previo de saneamiento institucional, por lo tanto, cada administración que llega utiliza un mecanismo paliativo, pero no definitivo.

El abogado y criminalista Gonzalo Sánchez es del criterio que el enfrentamiento del problema de la inseguridad es un tema sumamente complejo, porque la delincuencia común, así como la organizada, es un problema social para lo cual el Estado debe tener una política para abordarlo. "Lamentablemente se lo han dejado solamente a la Policía Nacional, cuando lo correcto es la conformación de un frente común, como sucede en El Salvador", añadió.

Cuestionó la descoordinación entre los operadores de justicia en el caso de Yosary Valle y de la jueza denunciada por Muñoz. "Aquí la pregunta es ¿quién entonces es el culpable de toda esta situación que se está dando en el país? ¿La fiscalía? ¿El poder judicial? ¿La Policía?"

Aseguró que le llamó atención la que el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que iba a nombrar una comisión para investigar a la juez o al juez, que había dejado en libertad a la hija de uno de los Valles, pero faltó que el fiscal general dijera que va a investigar la actuación del fiscal que llevaba el caso. "Si bien es cierto el que resuelve es el juez, pero quien presenta los medios probatorios y los peritos es el fiscal del Ministerio Público", detalló.

Este crecimiento de la desconfianza dentro de la Policía e incluso en el Ministerio Público, se ve reflejado en la ineficacia operativa, donde, a pesar de inversiones millonarias en presupuesto, los recursos se diluyen y los resultados son nulos, repudió.

Por otro lado, pidió a los políticos quitar o alejar sus manos de las instituciones operadoras de justicia. Eso ha sido un problema muy serio. “Ya tiempo venimos teniendo ese problema, por eso es que hay división incluso al interior de las instituciones operadoras de justicia casualmente, porque nombran personas sin requisitos, gente sin la capacidad...todo esto es un sin fin de problemas”.

Sánchez advirtió sobre la falta de integridad en los altos mandos y en la actitud de los políticos, señalando: "Aquí nadie habla de servirle al país, de entregarse al país a hacer buen trabajo con honradez, con honestidad. No, aquí el funcionario que llega... muchos llegan allí con el propósito no de trabajar, sino de enriquecerse".

Empero, cree que la ola de criminalidad que azota al país se puede revertir si hubiera una voluntad política sin intereses personales o de grupo, que define una estrategia sostenible en el tiempo, pero sin olvidarse de una depuración de la Policía, del Ministerio Público y de la Corte Suprema, demandó el criminalista.