Patronatos de la capital facilitaron desvío de fondos de Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- Los fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), diseñados para fomentar el emprendimiento en comunidades empobrecidas de Francisco Morazán, fueron distorsionados por una red que utilizó los patronatos como plataformas para desviar el dinero hacia beneficiarios que no cumplían con los requisitos básicos del programa.

Según la normativa de la institución, toda persona que desee acceder a un fondo debe residir en la zona avalada por el consejo local que respalda su solicitud. El objetivo es garantizar que las ayudas se otorguen a personas insertas en comunidades organizadas, y que su uso pueda ser verificado con apoyo local.

Sin embargo, empleados públicos de alto rango, personas con ingresos estables y ciudadanos sin emprendimiento utilizaron estas figuras para lucrarse.

A partir del análisis de 70 expedientes de Sedesol, EL HERALDO Plus encontró que los patronatos de las colonias Villa Unión, Óscar A. Flores y Cerro Grande zona 2 —figuras legales que deberían velar por el bienestar de su comunidad— fueron mecanismos funcionales para validar solicitudes de ayudas a personas ajenas a sus residencias.

El caso más extremo está sin datos, es decir, que solicitantes no dieron una justificación patronal, pero lograron sin ese paso sacar transferencias de hasta L700,000 a beneficiarios sin conexión clara con ninguna comunidad organizada, según un procesamiento de los reportes.

En 63 de los 70 expedientes revisados (90%), los patronatos avalaron a personas que no residían en sus colonias o barrios. En lugar de ejercer un rol de filtro, actuaron como facilitadores de trámites que nunca debieron avanzar.

Desde la Villa Unión, por ejemplo, certificaron a beneficiarios provenientes de colonias tan diversas y distantes como Fuerzas Unidas, Altos del Paraíso, Vegas del Country, Generación 2000 y Flor del Campo.

En más de 20 casos, el patronato sirvió como “puente” para validar solicitudes por fuera de su área de influencia, respaldando fondos por encima de L160,000.

Las notas escritas por la corporación local de esta colonia de Comayagüela están redactadas así: “Quien suscribe, Amilcar Alejandro Flores Gutierrez Flores, en calidad de Presidente del Comité, por medio de la presente hace constar que Ada Lourdes Portillo Molina, con Documento de Identidad número 1214-1965-00007, tiene su emprendimiento ubicado en la Colonia Villa Unión”.

Luego finaliza con la firma de Flores Gutierrez Flores y un texto con su respectiva fecha: “Se extiende la presente constancia a solicitud de la interesada para los fines que estime conveniente”.

En similares circunstancias actuó el patronato de la Óscar A. Flores, con al menos 10 casos de beneficiarios que no residen en su sector.

A través de su firma, se canalizaron más de L300,000 hacia personas ubicadas en barrios como El Pedregal, Calpules, Suazo Córdova y Centroamérica Oeste. Las distancias geográficas entre la sede del patronato y el domicilio real de los beneficiarios no fueron obstáculo para la aprobación.

Una de las constancias emitidas por esta colonia fue redactada de esta forma: “Yo, ROGER IVAN VIVAS LOPEZ, presidente del Comité Pro-Desarrollo y Mejoramiento COPRODEM (Comité Pro-Desarrollo y Mejoramiento) de la Colonia Oscar A. Flores, hago constar que el señor(a): CRISTIAN JANIK RODRIGUEZ VELASQUEZ cuenta con un emprendimiento en nuestra comunidad. Donde él reside y labora”.

En zonas como Cerro Grande zona 2, el patronato avaló a personas de colonias como Residencial Los Olivos, 21 de Octubre y Vegas del Country.

Más preocupante aún son los casos del patronato de la colonia 21 de Febrero, que aparece como respaldo de solicitudes que provienen incluso de otros departamentos, lo que ya no solo infringe normas locales, sino que constituye una violación directa del marco territorial del programa.

En esta colonia, Juan José Ordoñez firmó varias cartas con el siguiente modelo: “Yo, Juan José Ordoñez, en mi calidad de presidente de patronato, en la colonia 21 de febrero, hago constar que el señor Juan Vasquez Nuñez, con número de identidad 0705-1977-00764, es una persona emprendedora”.

Después agrega la siguiente descripción dentro de la nota: “Quien ha demostrado un fuerte compromiso y dedicación hacia la realización de sus metas empresariales. Avalo la capacidad emprendedora del señor Vasquez Nuñez, convencido de que posee las cualidades necesarias para llevar a cabo cualquier proyecto que se proponga”.

Sin embargo, Vásquez Núñez mencionó que vivía en el departamento de El Paraíso. El beneficiado recibió L50,000 para trabajar las tierras y construir un sistema de riego para sus cultivos de café. Sin embargo, los dirigentes de la 21 de Febrero avalaron que tenía su emprendimiento en la colonia.

Aunque no es el único caso, ya que el patrón se repite con Santos Nuñez, un agricultor que vive en el departamento antes mencionado y recibió una suma de L44,100 para el mismo propósito que Vásquez, siendo ratificados por el mismo patronato.

El análisis de los expedientes sugiere que los patronatos más permisivos —aquellos que aceptaron mayor dispersión geográfica— son también los que aparecen vinculados a los montos más altos.

Incluso los rubros económicos con mayor asignación —como imprentas, cafeterías y reparaciones de vivienda— están asociados a patronatos que no ejercieron ningún control posterior, donde no hay rendición de cuentas posible.

El desglose por rangos muestra que el 21% de los beneficiarios obtuvo ayudas superiores a 50,000 lempiras, un 28% recibió entre L30,000 y L50,000, y el 50% restante tuvo que conformarse con montos entre L10,000 y L29,000.

Más de la mitad de los beneficiarios (41 de los 70) fueron clasificados como “comerciantes”, una categoría vaga y poco verificable.

Esta etiqueta funcionó como un comodín para justificar desde ayudas mínimas de L8,000 hasta asignaciones de más de L100,000.

La falta de especificidad permitió eludir requisitos de documentación sobre el tipo de negocio, su existencia física o incluso su necesidad real de apoyo.

En contraste, perfiles ocupacionales más definidos como “ama de casa”, “estilista”, “piñatero” o “cocinera” recibieron montos significativamente menores, y sus expedientes muestran una mayor conexión con los patronatos tradicionales.

Los datos indican que los “comerciantes” —cuyas actividades no fueron validadas ni en campo ni por la comunidad, tras un recorrido de EL HERALDO Plus— concentraron los mayores recursos del programa.

Esto refuerza la hipótesis de que la etiqueta fue utilizada como fachada para beneficiar a personas sin emprendimientos reales o con vínculos políticos.

Al clasificar los emprendimientos por tipo de actividad económica, se observa que los rubros más beneficiados son también los más difíciles de fiscalizar.

Servicios como imprentas, reparación de viviendas y cafeterías fueron financiados con montos que van desde L50,000 hasta L112,000. En la mayoría de los casos, estos negocios no aparecen en registros públicos ni están ubicados en los sectores donde supuestamente operan, constató este equipo periodístico tras recorrer varias de estas zonas.

En cambio, las actividades claramente identificadas como emprendimientos de subsistencia —como tortillerías, pulperías o sastrerías— fueron las que menos dinero recibieron. Estos negocios, muchas veces familiares y orientados a la economía de sobrevivencia, fueron respaldados por patronatos tradicionales.

El análisis de los datos sugiere que los patronatos no fueron víctimas del sistema, sino actores activos en la red de validación irregular, al permitir que personas ajenas a sus comunidades accedieran a fondos públicos diseñados para beneficiar a los más pobres. Lejos de cumplir su papel como guardianes del interés colectivo, se convirtieron en puertas de acceso para el clientelismo, la manipulación política y la descomposición institucional.

Lo que hasta ahora parecía una grieta técnica en el sistema de ayudas sociales promovido por la Sedesol fue confirmado como una falla estructural con implicaciones penales.

En entrevista con EL HERALDO Plus, Germán René Villalobos, gerente de Patronatos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), reconoció que los patronatos actuaron fuera de sus límites legales al emitir constancias a personas que no residían en sus comunidades. Y no dejó espacio a interpretaciones: “Si eso ocurre, estamos hablando de corrupción”.

Los patronatos, según establece la normativa municipal, son la autoridad más alta dentro de cada comunidad organizada. Entre sus facultades está la de emitir constancias para hacer constar residencia, actividades productivas o necesidades sociales.

Pero su jurisdicción está definida por su personería jurídica, el documento oficial que determina el área territorial sobre la que pueden actuar. “Si usted vive en la colonia San Miguel, quien le tiene que emitir la constancia es el patronato de San Miguel. Si se la da alguien de Cerro Grande, eso no se puede y si se hace, es corrupción”, advirtió Villalobos.

Esta afirmación es clave para entender el mecanismo que permitió que decenas de personas —algunas sin emprendimientos reales, otras con altos cargos públicos— recibieran fondos públicos diseñados para emprendedores de escasos recursos.

La mayoría lo logró presentando constancias de residencia firmadas por patronatos que no les correspondían.

La emisión de constancias fuera de la jurisdicción del patronato no es un tecnicismo menor. En palabras del propio Villalobos, este acto configura un abuso de autoridad, tanto de quien la firma como de quien la solicita. “Es una dualidad de corrupción”, explicó. “Emitir algo fuera de la comunidad es confabularse en actos irregulares. Eso ya le corresponde investigarlo directamente al Ministerio Público”.

Villalobos insistió en que las constancias que se emiten por parte de los patronatos no son simples cartas de buena voluntad. Son documentos oficiales que deben sustentarse en la realidad comunitaria y territorial. Cuando esa verdad se rompe —cuando un patronato certifica a alguien que no vive en su zona— se convierte en una herramienta para defraudar al Estado.

El caso del patronato de la colonia Óscar A. Flores evidencia hasta qué punto se violaron las reglas. Aunque aparece en múltiples expedientes respaldando a beneficiarios con direcciones ajenas a su comunidad, Villalobos fue enfático al señalar que ese patronato nunca fue formalmente constituido. “Está de facto. Le he mandado tres veces la solicitud de organización, pero nunca se pudo organizar”, reveló.

Esto significa que todas las constancias emitidas desde esa estructura son ilegítimas. Aun así, esos documentos fueron aceptados por Sedesol como válidos y permitieron el desembolso de fondos públicos.

La ausencia de una verificación mínima —como confirmar si el patronato existía legalmente o si la persona vivía en su jurisdicción— dejó al programa expuesto a manipulación desde su base más local.

Villalobos fue directo al advertir que los actos cometidos por algunos patronatos, en complicidad con solicitantes, no solo son irregulares y pueden ser delitos. “Eso ya es directamente el Ministerio Público que los estaría acusando por los delitos”, afirmó. Aunque evitó pronunciarse sobre sanciones específicas, dejó claro que emitir una constancia fuera de la comunidad que se representa es un acto punible.

Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de un asistente de inteligencia artificial.