SIT busca asumir el Canal Seco y dejar de pagar $10 millones anuales a Covi

Tegucigalpa, Honduras.- El propósito de mejorar el tránsito de equipo pesado de sur a norte, es decir, desde el océano Pacífico al Atlántico, por medio del Canal Seco, le genera a Honduras un gasto de 10 millones de dólares anuales, unos 270 millones de lempiras, que se deben pagar a la Concesionaria Vial de Honduras (Covi-H), sin que ésta invierta en su mantenimiento.

Ante las millonarias pérdidas, autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) confirmaron a EL HERALDO Plus que la institución busca hacerse cargo del mantenimiento de esta vía y que se elimine la caseta de peaje que se tenía planificado instalar en la zona.

El contrato de concesión del Corredor Logístico incluye, además de la carretera CA-5 Norte, una amplia carretera a cuatro carriles con una longitud de 100.49 kilómetros entre los sectores de Goascorán, Valle, frontera con El Salvador, y la Villa de San Antonio, Comayagua, zona centro del país.

La idea inicial del proyecto era que el tráfico pesado proveniente de El Salvador, Nicaragua o del puerto Henecán de San Lorenzo, Valle —a donde llega toda la mercadería de Asia—, y que tiene como destino Puerto Cortés, tomara esa vía, para reducir el camino y no circular por Tegucigalpa.

El problema es que el Canal Seco mantiene un tráfico exageradamente bajo, tanto para el equipo pesado como para los carros livianos, comprobó el equipo de EL HERALDO Plus, en un recorrido realizado en la zona.

A pesar de que desde enero de 2022 se terminó su construcción, Covi-H no ha querido recibir la administración de la vía, por lo que el proyecto se mantiene en abandono; la SIT, por su parte, realiza labores de mantenimiento de forma esporádica.

Pocas rastras circulan a través de la carretera, también algunos buses que han establecido rutas directas de Choluteca a San Pedro Sula y las unidades internacionales que viajan por Centroamérica; aún así, su tránsito es limitado.

En la administración del exministro de la SIT, Octavio Pineda, se intentó realizar la entrega del corredor, pero señaló que no había interés por parte del concesionario, porque no cumplía con el flujo de usuarios que se estimó al momento de la firma del contrato.

Edgardo Menéndez, presidente de la Asociación de Transportistas de Petróleo del Norte (Atrapeno), declaró que el equipo en ruta hacia El Salvador se desvía en Comayagua, igual los que se dirigen a Nicaragua o hacia Choluteca y otras zonas del sur de Honduras.

El dirigente del transporte expresó que “no es mucho el tráfico que va para esas zona, pero sí sirve la carretera, bastante sirve de ida y vuelta, porque toda esa gente que viene del lado del sur para la costa norte, por ahí transita, es una gran inversión”.

Pese a ser una de las mejores carreteras del país, el problema es que se encuentra casi abandonada, con derrumbes, basureros a las arilla, fatal de iluminación y animales vagando. Lo único que se visualizó en la última visita fue la limpieza de gran parte de las medianas.

Ante ello, Aníbal Ehrler, titular de la SIT, planteó a EL HERALDO Plus la posibilidad de que el Estado asuma la responsabilidad del mantenimiento de esta vía y desligarla completamente del concesionario, eliminando a la vez la caseta de peaje.

“Es un tema complicado, es un contrato de concesión, estamos viendo las indemnizaciones y posibles repercusiones para el Estado para poder recuperar un contrato por el cual estamos pagando desde el momento de su adjudicación un Ingreso Mínimo Garantizado (Imag), que es bastante, al año estamos teniendo que pagar cerca de 10 millones de dólares”, declaró.

Según el contrato de concesión, firmado en 2012, el Estado de Honduras debió entregar en 2014 el Canal Seco completamente finalizado para que el concesionario instalara una caseta de peaje en el sector de Lamaní, Comayagua.

El problema fue que la construcción de la obra se prolongó 20 años: el proyecto surgió en 2002 y fue finalizado en enero de 2022, bajo la administración del expresidente nacionalista Juan Orlando Hernández, pero no reunía los niveles de calidad que exige el concesionario.

De acuerdo a la Solicitud de información SIT-UT-289-2024 del 9 de octubre de 2024, la Unidad de Concesiones de la SIT certificó que la inversión total en la construcción del Canal Seco asciende a unos 406 millones de dólares, es decir, más de 10,500 millones de lempiras al cambio actual.

El contrato establece que una vez se haga el traspaso formal del Canal Seco, Covi- H debe asumir la operación y mantenimiento integral de ese tramo carretero, así como la administración y explotación de la estación de peaje de Lamaní, Comayagua.

También sería responsabilidad del concesionario ejecutar trabajos continuos de mantenimiento vial rutinario y periódico en la calzada, limpieza de los drenajes y puentes, y señalización para cumplir con los estándares e índices de serviciabilidad exigidos.

Información proporcionada por la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP), mediante la solicitud de información SOL-SAPP-147-2026, la situación del traspaso del Canal Seco se encuentra pendiente por el restablecimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato por parte del concedente.

Expertos de la SAPP explicaron a EL HERALDO Plus que Covi-H argumenta que la construcción del Canal Seco no se hizo con base en los estándares de obra establecidos en el contrato, por lo que se necesita realizar otra inversión para ponerlo a punto.

De acuerdo a la SAPP, contractualmente no se establece una sanción para el Estado por no cumplir con la entrega del Canal Seco, pero sí establece un reconocimiento del Imag, que es la garantía brindada por el concedente para asegurar al operador privado un nivel mínimo de ingresos, de conformidad a lo establecido en las cláusulas 10.2 a 10.4 del contrato.

De acuerdo a Ehrler, la Concesionaria Vial de Honduras percibe unos 10 millones de dólares al año del gobierno de Honduras, es decir, alrededor de 270 millones de lempiras.

Cuando EL HERALDO Plus realizó el recorrido por esta carretera comprobó que Covi-H no ha realizado ningún trabajo de mantenimiento; esa responsabilidad ha recaído en la SIT, pero aún así debe cancelar el Ingreso Mínimo Garantizado, según lo establecido en el contrato de concesión.

Ehrler explicó que desde que la obra estaba en construcción se había planificado la construcción de una cuarta caseta de peaje en el Canal Seco, pero nunca se concretó.

Otro problema planteado por el concesionario es que la carretera no está a punto, es decir, en las condiciones que exigen el contrato de concesión para recepcionar la vía. Se necesita una inversión adicional para finalizarla por completo.

Explicó que, en los últimos años, ese tramo carretero ha sufrido diversos daños, entre ellos una falla estructural; además, es necesario renovar la señalización y realizar estudios de deflectometría para evaluar las deformaciones milimétricas de la calzada. Ehrler consideró que, bajo estas condiciones, no tendría sentido realizar esa inversión y posteriormente cobrar peaje.

“Sabemos que nuestra situación en este momento social y económica no nos va a permitir hacer eso, entonces empezamos negociaciones más bien para poderlo adquirir como Estado, darle el mantenimiento como Estado y dejarlo libre para la circulación de los hondureños”, dijo el ministro.

Agregó que la secretaría realiza los estudios para determinar el monto a invertir para completar los detalles faltantes. “Estamos en una mesa técnica, porque no es lo único que pasa con esa empresa”, aseguró el funcionario, quien amplió que, además del Canal Seco, se deben terminar las obras de la CA-5 Norte.

Para el transportista Menéndez, lo adecuado es que el Estado asuma el mantenimiento del tramo vial para evitar su deterioro, porque los conductores no recibirían con agrado la instalación de una caseta de peaje.

En la actualidad, tanto la SIT como la empresa concesionaria, están trabajando en una mesa de negociación con el fin de alcanzar acuerdos para que determinar quién asume la responsabilidad de esa vía.

En febrero de 2026, Covi-H informó que el contrato establece el derecho al Imag proporcional establecido en el numeral 4.1 del anexo N° 8 del pliego de condiciones, pero que el Gobierno no había cumplido con el pago de ese monto desde el 2021 hasta el cierre de 2025, provocando una deuda superior a los mil millones de lempiras.

Ehrler dijo que, además, se negocia el monto correspondiente al aumento que no se aplicó como parte de la tasa del peaje en los últimos cuatro años para establecer un acuerdo que no impacte en el bolsillo de los hondureños ni las finanzas del Estado.

Por el subsidio al peaje, según la SIT, entre 2024 y 2025 se desembolsaron cuatro pagos que sumaron 216 millones de lempiras; luego, entre el cierre de 2025 y los primeros meses meses de 2026 se pagaron 186 millones de lempiras, para un total de 402 millones de lempiras.