Tegucigalpa, Honduras.- La discusión de la reforma energética en el Congreso Nacional no solo enfrenta dos propuestas sobre cómo reorganizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
También ha producido un debate sostenido sobre interpretaciones legales incompletas, facultades inexistentes y cifras sin respaldo documental.
Seis verificaciones realizadas por EH Verifica identificaron tres afirmaciones falsas, dos verdades a medias y una declaración engañosa pronunciadas por funcionarios, diputados y dirigentes políticos.
Más que una acumulación de errores aislados, los casos revelan un patrón: disposiciones complejas fueron reducidas a conclusiones absolutas que los documentos revisados no sostienen completamente.
Cuatro afirmaciones provinieron de figuras vinculadas al Partido Liberal: Salvador Nasralla, como excandidato presidencial y los diputados Jorge Cálix y Marlon Lara, este último en dos ocasiones. Las otras dos fueron pronunciadas por Guillermo Peña Panting, gerente general de la ENEE.
La distribución demuestra que las imprecisiones no pertenecen exclusivamente a quienes apoyan o cuestionan la reforma. Sin embargo, los casos tampoco son idénticos.
Algunos atribuyeron a las leyes facultades que no existen; otros extendieron disposiciones transitorias a situaciones futuras, omitieron condiciones relevantes o presentaron como oficial una cifra superior a la registrada.
Cinco de las seis afirmaciones estuvieron relacionadas con el contenido o los efectos de leyes, decretos y propuestas legislativas. La sexta involucró el presupuesto del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP).
El problema central, por tanto, no fue únicamente la imprecisión discursiva, sino la manera en que se trasladó al debate público información normativa y financiera que podía comprobarse en documentos oficiales.
Cuatro mecanismos
Las seis verificaciones permiten identificar al menos cuatro mecanismos: atribuir a una ley una disposición inexistente, extender una medida más allá de su ámbito de aplicación, omitir condiciones que limitan una afirmación y utilizar cifras que no coinciden con los registros oficiales.
El primer mecanismo aparece en la afirmación del diputado Marlon Lara sobre las conexiones directas a la red eléctrica. Lara aseguró:
“Por ley, en la última reforma que se hizo en 2022, dice que si el cliente se presenta a la ENEE a que la empresa le instale un contador y no se lo instalan, la persona se puede conectar directamente a la red eléctrica”.
El Decreto 46-2022 no contiene esa autorización. La normativa obliga al Estado a garantizar el servicio eléctrico y establece que la ENEE es responsable de su distribución y comercialización.
Pero reconocer una obligación estatal no equivale a conceder a los usuarios la facultad de conectarse por cuenta propia.
La diferencia es sustancial: una disposición que define las responsabilidades de la estatal fue presentada como si también eliminara las reglas para acceder legalmente a la red.
El segundo mecanismo consiste en extender una medida excepcional hacia situaciones que no están comprendidas en ella. Peña Panting afirmó que una nueva licitación internacional bajo la legislación de 2022 “nace con amenaza de expropiación y nace con la amenaza de renegociación unilateral”.
La norma sí autorizó a la ENEE a plantear la renegociación de contratos existentes y, si no había acuerdo, a proponer la terminación de la relación contractual y la adquisición de las plantas mediante un justiprecio.
Sin embargo, ese proceso tuvo un plazo de 60 días y no fue establecido como una condición permanente para las contrataciones futuras.
Para nuevas compras de energía, el decreto permite licitaciones nacionales e internacionales y dispone que las modificaciones contractuales deben realizarse de mutuo acuerdo.
La declaración trasladó a futuros contratos una medida extraordinaria concebida para relaciones contractuales que ya existían en 2022.
Omitidas a inexistentes
Las verdades a medias identificadas operaron de otra manera. No partieron necesariamente de una premisa falsa, sino de una lectura incompleta que terminó modificando el alcance de las propuestas.
El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, afirmó que las subsidiarias comenzarían sin deuda y que, después de diez años, pagarían al Estado los 120,000 millones de lempiras acumulados por la ENEE.
La contrapropuesta liberal sí establece que el Estado asumirá durante una década el servicio de la deuda histórica para evitar que ese pasivo sea trasladado a las subsidiarias.
Pero no ordena que estas empresas reembolsen posteriormente los recursos, no fija un calendario de pagos y tampoco consigna los 120,000 millones mencionados.
La diferencia no es secundaria. Una medida de saneamiento financiero fue presentada como un financiamiento temporal que el Estado recuperaría posteriormente, aunque esa obligación no figura en la propuesta.
El caso de Salvador Nasralla requiere una distinción todavía más cuidadosa. El excandidato presidencial del Partido Liberal afirmó correctamente que los contratos de las subsidiarias se regirían por el derecho común y que no les sería aplicable la Ley de Contratación del Estado en la propuesta de reforma energética presentada por el Ejecutivo.
Su afirmación coincide con el artículo 9. La omisión aparece al explicar el régimen jurídico más amplio contemplado por ese artículo: para los bienes de las subsidiarias también se establece la aplicación de la propia reforma, la Ley General de la Industria Eléctrica, el Código de Comercio y el Código Civil.
No se trata, por tanto, de que Nasralla haya citado falsamente el régimen de los contratos. El problema fue presentar esa disposición sin el resto del marco jurídico previsto para los bienes. Entre los seis casos analizados, este es el menos categórico y exige distinguir entre una afirmación falsa y una explicación incompleta.
Números en disputa
El único caso estrictamente presupuestario vuelve a involucrar a Lara. El diputado afirmó que el PNRP recibió “un presupuesto de más de 12,000 millones” durante el gobierno de Xiomara Castro.
Los informes de la Secretaría de Finanzas registran asignaciones acumuladas por 10,371.5 millones de lempiras entre 2022 y 2025. La cifra mencionada supera el monto oficial en aproximadamente 1,628.4 millones.
La diferencia tampoco puede explicarse como la confusión entre una asignación anual y una acumulada: el programa no recibió más de 12,000 millones en ninguno de los años revisados ni alcanzó esa cantidad al sumar los cuatro presupuestos.
La declaración de Peña Panting sobre la duración de los PCM completa el patrón. “El PCM solo dura el periodo de gobierno, también dura lo que quieren que dure ese PCM”, afirmó.
La segunda parte contiene un elemento correcto: un decreto puede establecer un período específico y ser prorrogado. La primera es incorrecta porque los PCM no pierden automáticamente su vigencia cuando termina el gobierno que los emitió. Pueden continuar produciendo efectos hasta su derogación, modificación o vencimiento.
Conclusiones absolutas
Los seis casos abarcan los principales puntos de tensión de la reforma: contratación, inversión privada, deuda, presupuesto, continuidad normativa y facultades operativas de la ENEE.
No son asuntos periféricos, sino componentes que determinarán cómo funcionará la estatal después de su reorganización.
El patrón común consiste en convertir disposiciones condicionadas en afirmaciones absolutas. Una renegociación limitada a contratos existentes fue presentada como una amenaza permanente para nuevas inversiones; una obligación estatal de prestar el servicio se convirtió en permiso para conectarse directamente; un saneamiento financiero fue descrito como una deuda futura de las subsidiarias; y un plazo presidencial fue trasladado, sin fundamento general, a la vigencia de los PCM.
Las verificaciones no demuestran que todas las imprecisiones hayan sido difundidas deliberadamente. Tampoco permiten atribuir una estrategia coordinada entre sus emisores. Lo que sí establecen es que actores con participación directa en el debate explicaron aspectos centrales de la reforma de una manera que no coincide total o parcialmente con los documentos.
Esa brecha entre el discurso político y el contenido normativo deteriora la calidad de la discusión. La ciudadanía termina debatiendo sobre expropiaciones automáticas, conexiones autorizadas, devoluciones millonarias y decretos que supuestamente caducan con cada gobierno, aunque ninguna de esas conclusiones aparece en los términos en que fueron presentadas.
La reforma energética busca modificar la estructura administrativa, patrimonial y financiera de la empresa pública más importante del país. Pero mientras el Congreso intenta decidir el futuro de la ENEE, una parte del debate continúa construyéndose alrededor de lo que las leyes y las propuestas presuntamente dicen, no de lo que efectivamente establecen.
