Tegucigalpa, Honduras.- Las verificaciones no solo permiten determinar si una afirmación es falsa, engañosa o una verdad a medias, por ejemplo.
También dejan otro rastro: muestran quiénes aparecen una y otra vez en el debate público haciendo declaraciones que requieren ser contrastadas con la evidencia.
Entre el 1 de enero y el 29 de julio de 2026, EH Verifica y LA PRENSA Verifica publicaron 94 verificaciones políticas.
Al revisar ese trabajo periodístico de forma conjunta, surge otro hallazgo: un reducido grupo de actores políticos concentró la mayor cantidad de afirmaciones sometidas a verificación.
El exdiputado Ramón Barrios encabezó la lista con siete verificaciones. Cinco de ellas correspondieron a interpretaciones jurídicas erróneas y dos a omisiones de contexto.
Le siguió el diputado Hugo Noé Pino, con cuatro verificaciones distribuidas entre omisión de contexto, interpretación jurídica errónea y de imprecisión estadística.
La excandida presidencial Rixi Moncada acumuló cuatro verificaciones, tres relacionadas con interpretaciones jurídicas erróneas y una por imprecisión estadística.
También aparecen con tres verificaciones Marlon Lara, Jorge Cálix, Marlon Ochoa, Christian Duarte, Erick Tejada y Edgardo Casaña, entre otros personajes.
El listado no distingue entre oficialismo y oposición. Incluye a funcionarios del Poder Ejecutivo, diputados, dirigentes políticos y titulares de instituciones públicas.
El patrón evidencia que el escrutinio alcanzó a actores con responsabilidades e intereses distintos, unidos por un elemento común: realizaron afirmaciones que ameritaron ser contrastadas con documentos oficiales, estadísticas o normas jurídicas.
No de la misma manera
Aunque algunos personajes aparecen varias veces, no todos repiten el mismo tipo de error.
Ramón Barrios concentró principalmente interpretaciones jurídicas erróneas. Hugo Noé Pino alternó entre omisiones de contexto, interpretaciones legales e imprecisiones estadísticas.
Rixi Moncada también registró un predominio de interpretaciones jurídicas erróneas.
Esa diferencia muestra que las verificaciones no siguen un patrón uniforme. Mientras algunos actores recurren con mayor frecuencia a interpretaciones equivocadas sobre el alcance de las leyes, otros presentan cifras sin suficiente precisión o dejan fuera información que modifica el sentido de sus afirmaciones.
Precisamente, el análisis general de las 94 verificaciones mostró que las interpretaciones jurídicas erróneas fueron la categoría predominante, seguidas por las omisiones de contexto.
Para el abogado y analista político Luis León, ese comportamiento tiene una explicación.
"Muchos políticos opinan sobre temas jurídicos sin siquiera haber visto alguna vez la ley, sino que alguien les comentó y ellos solo repiten lo que alguien les comentó. Eso genera que las opiniones jurídicas sean totalmente fuera de contexto y sean utilizadas según el momento en el cual se está aplicando la misma intención de la ley", afirmó.
León considera que la práctica responde a una lógica instalada en la discusión política.
"Es una práctica muy arraigada en los políticos justificar manipulando la ley, mutilando la ley o acomodando la ley según su interés. Muchas veces ellos se inventan los artículos", señaló.
Costo de repetir errores
La reiteración de algunos nombres no implica, por sí sola, que sean quienes más desinforman en Honduras. Las 94 verificaciones corresponden únicamente a las afirmaciones que EH Verifica y LA PRENSA Verifica seleccionaron y publicaron durante casi siete meses. Sin embargo, sí permiten identificar qué actores aparecieron con mayor frecuencia en el trabajo cotidiano de verificación y cuáles fueron los errores más recurrentes en sus declaraciones.
Para Kenneth Madrid, abogado constitucionalista y analista político, el problema va más allá de una equivocación jurídica.
"Muchos políticos tratan de enmascarar una acción dándole un sentido distinto a la ley. Tarde o temprano terminan siendo deslegitimados cuando la sociedad verifica si realmente ese es el significado de la norma. Terminan perdiendo la credibilidad del pueblo hondureño porque realmente no están obedeciendo a un estudio significativo de la ley", sostuvo.
Madrid también advierte que utilizar incorrectamente las normas tiene consecuencias sobre la calidad de la información que recibe la ciudadanía.
"Utilizar las leyes de manera incorrecta sí abona a la desinformación política. Muchas veces se busca imponer una idea en la colectividad para desinformar. La desinformación puede influir en la política al hacer pasar como ciertas circunstancias que son totalmente falsas y erróneas", expresó.
Luis León coincide en que el problema se agrava porque buena parte de la población no consulta directamente las leyes.
"La gente no la lee, no la estudia y no la conoce. Entonces se aferra a los comentarios de los políticos, y los políticos tienen la práctica de acomodar su análisis según la necesidad, justificación o interés político-partidario", indicó.
El análisis de EH Verifica y LA PRENSA Verifica muestra que las verificaciones también permiten identificar tendencias sobre quiénes dominan la conversación pública y qué tipo de afirmaciones terminan bajo escrutinio.
Más allá de los nombres, el hallazgo deja una conclusión clara: mientras algunos actores se convierten en voces recurrentes del debate nacional, también aumentan las posibilidades de que sus declaraciones sean contrastadas cuando abordan temas jurídicos, estadísticos o institucionales.
La frecuencia con la que una figura aparece en las verificaciones no debe entenderse como un juicio definitivo sobre su discurso, sino como un reflejo de la intensidad con la que participa en la conversación pública y de la necesidad de someter sus afirmaciones al mismo estándar de evidencia que exige el periodismo de verificación.
Esa es, precisamente, la razón de ser del fact-checking: contrastar el poder de las palabras con el peso de los hechos.
