Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de España, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, protagonizaron el 19 de noviembre de 2026 un debate televisado previo a las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, durante el cual intercambiaron declaraciones sobre vivienda, economía, corrupción, pensiones y gestión gubernamental.
Sin embargo, varias de las afirmaciones de ambos candidatos fueron calificadas como falsas, engañosas o verdades a medias, según constató EH Verifica.
Las comprobaciones se basaron en estadísticas oficiales, legislación española, documentos gubernamentales y registros institucionales.
A continuación las 16 afirmaciones recopiladas por EH Verifica:
Según las estadísticas del Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda de España, desde el segundo trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2026 se finalizaron 719,602 viviendas en el país, una cifra inferior al millón mencionado por Sánchez.
Del total de viviendas finalizadas, el 12.3% corresponde a viviendas protegidas y el 87.7% restante a viviendas de libre mercado.
El mismo ministerio explica que no todas las viviendas consideradas protegidas son construcciones nuevas y que las estadísticas incluyen promociones tanto públicas como privadas, principalmente del sector privado.
La revisión del programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 encontró propuestas relacionadas con el fortalecimiento de la industria de defensa, pero no un compromiso explícito de elevar el gasto militar al 5% del PIB.
Sin embargo, según la comprobación de Newtral, miembro de LatamChequea como lo es EH Verifica y LA PRENSA Verifica, el diputado popular Carlos Rojas había mencionado ese porcentaje como una meta del partido en marzo de 2026.
Por tanto, la afirmación de Sánchez atribuye al documento electoral un compromiso numérico que no aparece expresamente en su contenido.
La reforma del Código Penal español aprobada en 2022 durante el Gobierno de Sánchez sí redujo las penas de prisión para determinadas modalidades del delito de malversación. Entre ellas se encuentran el uso temporal del patrimonio público y el desvío de fondos hacia finalidades públicas distintas de las inicialmente establecidas, según la revisión del Código Penal.
Sin embargo, la modificación legislativa mantuvo las sanciones correspondientes a la apropiación de fondos públicos.
En sus modalidades más graves, este delito continúa castigándose con penas que pueden alcanzar los 12 años de prisión, por lo que la reforma no significó una reducción generalizada de todas las sanciones relacionadas con la malversación.
Los estatutos de autonomía españoles reconocen competencias exclusivas sobre vivienda a las comunidades autónomas, por lo que esa parte de la afirmación de Sánchez tiene respaldo en el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, esa atribución no significa que las demás administraciones públicas carezcan de facultades para intervenir en las políticas habitacionales.
Especialistas consultados por Newtral explicaron que las competencias autonómicas son exclusivas, pero no excluyentes, debido a que el Estado y los ayuntamientos también ejercen atribuciones relacionadas con la vivienda. Estas competencias pueden abarcar distintas materias que influyen en la planificación, regulación y acceso al mercado habitacional.
Además, España cuenta con una ley estatal por el derecho a la vivienda, aprobada en 2023, que establece disposiciones aplicables dentro del marco competencial español.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla una inversión total de 7,000 millones de euros durante cinco años. De esa cantidad, la Administración General del Estado aportará el 60%, equivalente a 4,200 millones de euros, mientras que las comunidades autónomas financiarán el 40% restante, correspondiente a 2,800 millones.
Esta distribución está establecida en el artículo 6 del Real Decreto 326/2026, aprobado el 22 de abril de 2026.
Por tanto, el porcentaje mencionado por Sánchez coincide con el esquema de financiación contemplado en la normativa española.
Las estadísticas de la Seguridad Social muestran que la pensión contributiva media aumentó entre junio de 2018 y octubre de 2026. Sin embargo, los aproximadamente 6,000 euros mencionados por Sánchez corresponden a la diferencia entre la cuantía anual al comienzo y al final del período, no a un incremento de esa cantidad aplicado cada año.
Según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la pensión media anual, calculada sobre catorce pagas, pasó de 13,120.66 euros en junio de 2018 a 19,265.96 euros en octubre de 2026. La diferencia entre ambas cantidades es de 6,145.30 euros durante el período examinado.
Las previsiones económicas publicadas por la Comisión Europea el 17 de noviembre de 2026 estimaron que la economía española crecería un 2.6% durante ese año. La proyección era superior a la prevista para otras grandes economías de la Unión Europea, como Países Bajos, Alemania, Italia y Francia.
Según las previsiones de la Comisión Europea, Países Bajos crecería un 1.8%, Alemania un 1.3%, Italia un 1% y Francia un 0.4%. Por tanto, España encabezaba las estimaciones de crecimiento entre las principales economías europeas.
El programa electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 propone blindar una inversión aproximada de 19,000 millones de euros entre 2026 y 2030.
Sin embargo, el compromiso se refiere al mantenimiento y fiabilidad del conjunto de la red ferroviaria española, no exclusivamente a la alta velocidad.
La propuesta aparece en la página 14 del programa electoral del PSOE. Por tanto, Sánchez atribuyó a la red de alta velocidad una cantidad que su partido había propuesto destinar a toda la infraestructura ferroviaria.
a cifra de una reducción del 69% en la oferta de alquiler de Barcelona coincide con los datos de anuncios publicados por el portal inmobiliario Idealista entre 2023 y 2026. Sin embargo, estos registros corresponden a las publicaciones disponibles en esa plataforma y no necesariamente representan la evolución completa del mercado de alquiler.
Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) calculó una disminución del 22.2% en la oferta de alquiler desde la aplicación de la regulación de vivienda.
Por su parte, los registros del Instituto Catalán del Suelo muestran que los nuevos contratos disminuyeron un 17%, aunque durante los años examinados superaron a los contratos finalizados.
Respecto a los desahucios, Verificat explicó que no existen estadísticas judiciales desagregadas por ciudades para comparar directamente Barcelona con Madrid.
Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante el primer semestre de 2026 se registraron 1,904 lanzamientos judiciales en Cataluña y 1,360 en la Comunidad de Madrid. Estas cifras no respaldan la comparación planteada por Feijóo.
La afirmación de Feijóo procede de datos publicados por Idealista en octubre de 2026, según los cuales existían aproximadamente 393,000 anuncios menos de alquiler de larga duración en 2025 que en 2018. Esa disminución equivale a una caída del 44% de las publicaciones disponibles en el portal inmobiliario.
Sin embargo, el descenso de los anuncios no implica necesariamente que el parque total de viviendas destinadas al alquiler se haya reducido. Según el Banco de España, el parque residencial de alquiler aumentó un promedio de 95,000 viviendas anuales entre 2021 y 2025, equivalente a un crecimiento aproximado de 380,000 inmuebles.
Además, una investigación de Fedea encontró que los anuncios de alquiler disminuyeron un 22.2% en Barcelona y un 20.5% en Cataluña, mientras que Madrid registró un incremento del 3.9%. P
Según los registros del Consejo General del Poder Judicial, desde el tercer trimestre de 2018, cuando Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, se practicaron 276,897 lanzamientos judiciales en España. La cifra coincide aproximadamente con los 276,000 mencionados por Feijóo durante el debate.
Sin embargo, las estadísticas del CGPJ muestran que los desahucios han mantenido una tendencia descendente desde 2014. Mientras que en 2015 se registraron alrededor de 67,000 lanzamientos, durante 2025 se contabilizaron poco más de 24,500.
Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 42.8% entre junio de 2018 y octubre de 2026. Por tanto, una compra de alimentos que costaba 100 euros al inicio del período habría pasado a costar aproximadamente 143 euros, manteniendo la misma composición.
La evolución de los precios de los alimentos superó la inflación general registrada durante esos años. Mientras que el grupo alimentario aumentó un 42.8%, el índice general de precios al consumidor acumuló un incremento del 28.6%.
Feijóo también mencionó incrementos en productos como leche, huevos, patatas y legumbres. Los registros del INE mostraron aumentos del 53.1% en la leche, 91.5% en los huevos y 59.6% en las patatas. Sin embargo, las legumbres secas aumentaron un 24.3%, por debajo del 110% mencionado por el candidato.
De acuerdo con las estadísticas de Eurostat correspondientes a 2025, España es el país de la Unión Europea con el mayor porcentaje de menores de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión social.
Los registros sitúan la proporción española en el 33.8%, equivalente aproximadamente a uno de cada tres menores. Este porcentaje supera el promedio de la Unión Europea, establecido en el 24.3%, y coloca a España por delante de Bulgaria y Rumanía.
Feijóo aseguró que el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, había advertido sobre un posible colapso del sistema público de pensiones durante una entrevista concedida a Onda Cero. El candidato utilizó esa referencia para cuestionar la sostenibilidad de las prestaciones destinadas a los jubilados.
Sin embargo, durante la entrevista, Cuerpo afirmó que la sostenibilidad de las pensiones estaba garantizada. El funcionario reconoció que el gasto aumentaría durante las próximas décadas debido, entre otros factores, a la jubilación de la generación conocida como baby boom.
No obstante, Cuerpo aclaró que el crecimiento del gasto no significa que el sistema sea insostenible.