Tegucigalpa, Honduras.- La disputa poselectoral de 2025 se intensificó una semana después de las elecciones generales del 30 de noviembre, cuando el partido Libertad y Refundación (Libre) anunció que no reconocerá el proceso y dejó entrever que su postura podría variar según el ganador que declare el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El 7 de diciembre, tras una reunión de su cúpula en su sede de la colonia Miramontes, Libre formalizó que entre los motivos para desconocer el resultado presidencial están las fallas en el sistema de Transmisión y Divulgación de Resultados Preliminares (TREP) y denuncias de amenazas contra su militancia.
La Coordinación Nacional de Partido LIBRE en defensa de la democracia, al pueblo hondureño, a nuestra combativa militancia y a la comunidad nacional e internacional declara: pic.twitter.com/OAARDgbzEW
— Partido Libre (@PartidoLibre) December 8, 2025
El oficialismo también cuestionó respaldos públicos que, según su interpretación, habrían favorecido la candidatura de Nasry Asfura, del Partido Nacional, y sostuvo que esos gestos afectaron la imagen de su candidata Rixi Moncada.
Por lo tanto, Libre ordenó que ningún funcionario del gobierno inicie trámites de transición institucional, mientras el partido mantenga su solicitud de nulidad del proceso.
Sin embargo, dos días después, el discurso interno del partido pasó de no reconocer el resultado de las elecciones, a aceptarlo únicamente si el ganador de la contienda presidencial no es el candidato del Partido Nacional.
La noche del 9 de diciembre, el coordinador de Libre, José Manuel Zelaya, afirmó en su cuenta de X que el partido perdió la elección y aseguró que, según las actas que dicen tener, el ganador de la contienda sería Salvador Nasralla.
El indulto del presidente Donal Trump para el condenado por narcotráfico; su injerencia en nuestro sistema democrático, que realizó durante el período de silencio electoral, en las 72 horas previas a las elecciones; y la coacción y amenazas enviadas en 3.6 millones de mensajes a...
— Manuel Zelaya R. (@manuelzr) December 10, 2025
Esa declaración contrastó con la posición del 7 de diciembre. Mientras el partido sostiene el discurso de desconocimiento del CNE, su principal liderazgo político sugirió un escenario en el que el resultado sería aceptable si el vencedor es Nasralla, con quien Libre mantuvo una alianza en 2021.
En el último corte oficial divulgado por el CNE, Asfura aparece en ventaja con 1.298.835 votos (40,52%). Nasralla figura segundo con 1.256.428 (39,20%) y Moncada tercera con 618.448 (19,29%), con 99,40% de actas escrutadas.
Con esa distancia, el desconocimiento del proceso no se explica por una competencia ajustada de Libre en este nivel, sino por una decisión política orientada a cuestionar la legitimidad del cierre electoral frente a un resultado adverso.
Con ese escenario, surge una interrogante clave: ¿qué pasa si, siguiendo la directriz partidaria de no acompañar nada vinculado a un proceso que califican de ilegítimo, el consejero Marlon Ochoa decide no integrar el pleno ni apoyar el quórum el día en que el CNE debe hacer la declaratoria y anunciar al ganador?
A continuación, EL HERALDO Verifica lo explica:
El pulso constitucional
El abogado constitucionalista Oliver Erazo plantea que, si el consejero oficialista se ausenta para impedir el pleno, el problema no es solo político.
Explicó que esa decisión chocaría con el núcleo constitucional del sistema democrático, porque el CNE tiene el deber de convertir la voluntad ciudadana en un cierre institucional válido.
Erazo sostiene que esa obligación se entiende desde los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Constitución, donde se define la forma republicana del Estado, la soberanía del pueblo y la democracia representativa.
Bajo ese marco, una estrategia para bloquear la declaratoria no puede imponerse como regla práctica del proceso, porque sería subordinar el mandato institucional a una instrucción partidaria.
“Los principios republicanos y de democracia representativa están en los primeros cinco artículos de la Constitución y en su preámbulo; esos son los principios que deben proteger los consejeros”, explicó.
En consecuencia, afirma que una ausencia deliberada para frenar la declaratoria compromete el deber constitucional del funcionario.
Por lo tanto, según Erazo, el CNE no debería quedar atrapado por una silla vacía si existen rutas legales para sostener el pleno, porque lo que está en juego no es un trámite interno, sino la legitimidad del cierre electoral.
“La pregunta es: ¿pueden las consejeras hacer la declaratoria? Respuesta: sí, porque tiene que primar los principios constitucionales”, valoró.
Lo que dice la norma
La Ley Electoral de Honduras deja claro que la ausencia de un consejero no puede frenar la declaratoria electoral.
El artículo 12 establece que el CNE debe sesionar con tres consejeros y que al menos dos sean propietarios. Esto abre una salida práctica: si falta un propietario, el pleno puede completarse con un suplente y seguir tomando decisiones válidas.
Esa posibilidad existe porque la estructura del órgano incluye suplencias. El artículo 11 fija que el CNE está integrado por tres consejeros propietarios y dos suplentes, precisamente para cubrir ausencias y sostener el funcionamiento del pleno en momentos decisivos.
Si la ausencia del propietario es temporal y está justificada, el artículo 24 permite integrar a un suplente para cubrir la vacante durante la sesión correspondiente.
En la práctica, este mecanismo está diseñado para que la declaratoria no dependa de la voluntad de una sola representación.
Si la ausencia no tiene justificación válida, el artículo 25 define la falta como ausencia injustificada y advierte que puede generar responsabilidades penales, civiles o administrativas.
La ley también contempla una salida de más largo plazo si la ausencia deja de ser temporal. El artículo 26 establece que, ante renuncia, inhabilitación u otra causa de ausencia definitiva, el Congreso Nacional debe nombrar un sustituto para completar el período.
Los consejeros propietarios del CNE son Ana Paola Hall (Partido Liberal), Cossette López (Partido Nacional) y Marlon Ochoa (Libre).
Los suplentes son Carlos Enrique Cardona Hernández y Karen Patricia Rodríguez. Su rol, como se explicó, es integrar el pleno cuando un propietario se ausenta por causa justificada y el organismo debe adoptar decisiones clave.
En julio, Ochoa se ausentó del pleno alegando que las otras consejeras pretendían contratar una empresa para la transmisión de resultados que, a su juicio, podía facilitar un fraude.
En ese contexto, los suplentes tampoco se presentaron a integrar el pleno, dejando en evidencia el peso político real de las suplencias cuando el oficialismo decide no sentarse a la mesa.
El contraste también es económico. Tanto propietarios como suplentes reciben un salario mensual de más de 109 mil lempiras y reciben bonificaciones que superan los 123 mil lempiras.
En el caso de los suplentes, el señalamiento público de que son figuras decorativas surge porque, sin una participación visible en momentos críticos, sus ingresos mensuales superan los 200 mil lempiras.
En resumen, con el marco legal vigente, la declaratoria de las elecciones generales puede hacerse sin Marlon Ochoa, siempre que los consejeros suplentes actúen con independencia del partido de gobierno.
Si el bloqueo se extiende también a las suplencias, esa conducta podría encuadrar en figuras de responsabilidad legal previstas en el Código Penal, derivadas del incumplimiento de sus deberes y de la obstrucción del proceso electoral.
Pero, sobre todo, tendría un costo político e institucional mayor: representaría un golpe directo a la democracia, al desconocer la voluntad popular expresada en las urnas para favorecer los intereses del oficialismo.
