Reconoce labor de consejeras
Se asoma la colita. Empresarios, diputados y funcionarios pactaron la aprobación en el Congreso Nacional de la segunda reforma a la Ley de Seguridad Poblacional antes de la Semana Santa, aunque les quedarían dos días de cumplirse lo anterior.
El trato es aprobar una serie de cambios sugeridos por la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) y los empresarios, a cambio, retiraran de la Corte Suprema de Justicia, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la polémica normativa.
Así se lograría la armonía entre las partes; el gobierno obtendría por los menos 1, 500 millones de lempiras anuales en los próximos cinco años para financiar su lucha contra la criminalidad y los empresarios habrían logrado aminorar el impacto económico.
El representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en la comisión que administra el fideicomiso de la tasa de seguridad, Eduardo Facussé, informó que la referida reunión se efectuó la semana anterior.
“ Asistieron -recordó- representantes del sector privado, del Congreso Nacional, de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), Finanzas y del Foro Nacional de Convergencia (Fonac)”.
Señalamientos
En el marco de las conversaciones entre las partes, los banqueros expusieron que en el artículo número 9, numeral 18, de la referida ley se exonera del pago de la tasa de seguridad poblacional a la compra y venta de moneda extranjera y las transferencias que estas impliquen.
Los empresarios creen que esto permitirá que muchas personas compren dólares en el mercado nacional y los depositen en bancos del extranjero.
El presidente de la Ahiba, Roque Rivera, advirtió de manera reciente que al aplicarse esta ley existe el riesgo de una desbancarización, que no tendría efectos positivos para la economía del país.
Sectores empresariales se preguntan por qué el Banco Central de Honduras (BCH) y la misma Comisión de Bancos y Seguros (CNBS), así como Finanzas, no se pronuncian respecto a esta determinación.
El otro señalamiento es esgrimido por el sector productivo del país, al que le impactará de manera directa esta medida al encarecerse los costos financieros.
Para el caso, en el proceso de finaciamiento de pre y exportación brindado por la banca a la agroindustria y la industria del país, se efectúan desembolsos de manera paulatina durante el proceso productivo.
Se propuso, ante esta circunstancia, que el cobro de 1.5 por ciento por millar se haga de manera exclusiva al primer desembolso bancario y que se abstengan de volverlo a cargar en todo el proceso productivo. Caso contrario se afectará a los productores de café, camarones, meloneras, ganado y leche, entre otros.
A la industria minera se le estableció un pago del 2% como tarifa especial que grava la explotación y comercialización de minerales en el país. Según el artículo 23 de la reforma de la Ley de la Tasa de Seguridad Poblacional, el pago que deben hacer las empresas es el valor FOB (Free On Board-Libre Abordo) y la DEI efectúa sus cálculo en base al valor CIF (incluye el costo, seguro y flete), o sea que vuelve más gravosa la exportación y violenta la disposición de la ley.
Según representantes del sector privado, esta actitud es considerada como abuso de poder y hay exacción ilegal.
El último señalamiento empresarial es respecto al monto de la recaudación anual. La ley establece que el fondo de seguridad poblacional debe ser siempre de 1,500 millones de lempiras anuales y si no se lograre esa cantidad en el año, el Estado está obligado a compensar la parte restante. ¿El Estado tiene la capacidad financiera para cumplir con este mandato?, se preguntan los empresarios.
El pacto
Facussé informó que el acuerdo al que se llegó después de la referida reunión fue que se aplicarían nuevas reformas a la ley en base a la solicitud formulada por la Ahiba.
“Hay un amparo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En el caso de que incumplan el compromiso efectuado con nosotros, continuará este proceso legal”.
Existe anuencia de reformar una serie de “entuertos” porque el sistema financiero puede enfrentar problemas innecesarios.
Además, se les expuso a los funcionarios y diputados que hay artículos de la referida ley que están en contra de la Constitución de la República y que se cometieron varios errores en la redacción del decreto.
