Inversión extranjera repunta, pero no llega capital nuevo a Honduras

San Pedro Sula, Honduras. El primer trimestre de 2026 lucía poco prometedor en cuanto a las previsiones de inversión extranjera directa (IED) en Honduras.

Al analizar el período comprendido entre enero y marzo de 2026, el Banco Central de Honduras (BCH) informaba de apenas $213.4 millones (unos L5,766 millones al cambio actual), una caída del 27% con respecto al mismo período de 2025.

Al respecto, Santiago Herrera, gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), calificó dicho resultado como una caída “brutal”.

Sin embargo, el mismo BCH, al presentar a finales de septiembre los resultados del segundo trimestre del año (abril a junio), mostró una marcada recuperación, al reportar un monto de $468.3 millones, según consta en su Boletín de Prensa No. 86/2026.

El BCH destacó en dicho informe que ese flujo de inversión era, de hecho, el más alto registrado desde 2015 para el segundo trimestre del año, lo que daba la impresión de una considerable recuperación en la llegada de capitales al país. Sin embargo, los expertos advierten que tales cifras deben evaluarse en su debido contexto, para dimensionar su verdadero alcance.

Sobre esto el economista Julio Raudales recuerda que, en la década anterior, Honduras promediaba niveles de IED que oscilaban entre los $1,000 y los $1,500 millones (L27,000 a L40,530 millones), mientras que, en la presente década, dicho promedio se ubica entre los $700 y los $1,000 millones (L18,914 a L27,000 millones).

Raudales también hizo referencia a un aspecto de la coyuntura regional que juega en contra de Honduras.

“Hay que reconocer que Honduras, si lo comparamos con el resto de países de Centroamérica, es uno de los menos atractivos para que vengan inversionistas extranjeros al país”, dice el analista, quien señala que Honduras es el segundo país de la región que menos inversión atrae, superando únicamente a El Salvador.

“Siempre prevalece la reinversión de utilidades”, apunta Herrera para explicar el aparente repunte de las inversiones. Sin embargo, tal repunte no implica la llegada de capital nuevo, sino que dichas inversiones las llevan a cabo empresas que ya operan en Honduras.

Herrera señala, además, que en los últimos años Honduras viene adoleciendo de una relativa falta de confianza de parte de los capitales externos debido a un incierto clima de inversiones.

“Primero hay que arreglar la casa. Si no arreglamos la casa es difícil que vengan los inversionistas”, sostiene.

60% de la inversión registrada hasta junio 2026 es reinversión de utilidades, no capital nuevo.

Reconoce que las autoridades hondureñas han dado algunos pasos positivos en sus esfuerzos por posicionar a Honduras en el exterior. Cita como ejemplos la reinserción del país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y la emisión de una ley para controlar mejor las inversiones, pero advierte que “falta mucho más”.

Al precisar sobre la prevalencia de la reinversión en el pretendido repunte de la inversión, el analista económico Roldán Duarte detalla que, de toda la inversión acumulada en los primeros seis meses del año, $290.2 millones (L7,841.20 millones) corresponden a reinversión de utilidades, mientras que solo $14.8 millones (L399.9 millones) corresponden a capital nuevo.

Pero entonces, ¿qué hacer para que vengan nuevas inversiones?

Para que Honduras pueda convertirse en destino de mayores volúmenes de inversión, “se requiere mucha promoción en el exterior”, propone Duarte. Para ello, considera necesario realizar esfuerzos específicos, acercarse a empresas particulares y trabajar en proporcionarles las condiciones que faciliten su decisión de invertir.

Duarte agrega que esta labor debe complementarse con una serie de mejoras estructurales y legales, entre las que destaca la seguridad jurídica que los inversionistas buscan para proteger sus capitales y asegurar su rentabilidad.

Pero el analista insiste también en la necesidad de garantizar la seguridad de las personas, así como de impulsar “mejoras en los puertos y aeropuertos. Necesitamos más fibra óptica, más facilidad de comunicación. Necesitamos alquileres de edificios más baratos, para que el inversionista pueda reducir sus costos”, dice Duarte.

A estos factores, Herrera añade que un suministro de energía confiable y a precios competitivos es fundamental para atraer capitales. “El país tiene un alto déficit de energía. Tenemos muy mala calidad de energía, muy mala estabilidad de energía y no es una energía competitiva porque es cara”, observa.

En otro aspecto relacionado, Herrera menciona que la construcción de represas para proteger la región del Valle de Sula cumpliría un doble propósito para atraer inversiones: ayudaría a resolver las deficiencias en el suministro de energía y a prevenir inundaciones en una de las zonas más productivas de Honduras.

En un reciente debate transmitido por radio y televisión, los participantes señalaron que Honduras ya cuenta con un instrumento diseñado para fomentar la llegada de capitales extranjeros en cantidades considerables, pero que actualmente se encuentra desaprovechado: las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zede), un régimen bajo el cual llegaron a operar en Honduras proyectos como Próspera, Morazán y Orquídea.

En dicho debate, Erick Brimen, director ejecutivo de Próspera, dio a conocer que, de no ser por la incertidumbre provocada por la derogación de la ley que regulaba las Zede y la declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, bien podrían haberse ejecutado unos $1,000 millones en inversiones y generado alrededor de 10 mil puestos de trabajo, con el potencial de crear miles más.

En opinión de Raudales, la forma en que se manejó esta iniciativa y el desconocimiento sobre lo que significa atraer inversión le hicieron “mucho daño al país”, al tiempo que lamenta que Honduras, como nación, todavía piensa en estos asuntos de una forma “recalcitrante”.

Por ello, el analista ve pocas posibilidades de revertir la narrativa instalada en diversos segmentos de la opinión pública, según la cual las Zede equivalen a vender la soberanía nacional.

Duarte apunta hacia la otra cara de la moneda y señala que el perjuicio provocado por la derogación de las Zede podría traducirse en demandas millonarias que, según sus cálculos, rondan los 10 mil millones de dólares. “Eso equivale a casi a un precio del del producto interno bruto del país”, advierte.

Este analista se inclina por una solución a través del diálogo y la negociación, con el fin de obtener todos los beneficios de las Zede (inversión, creación de empleo y simplificación de trámites) sin comprometer la soberanía del territorio nacional.

Kenneth Madrid, analista político que participó en el debate sobre las Zede, considera que esa clase de arreglo es, en principio, una posibilidad real y necesaria.

Madrid parte del hecho de que la propia sentencia de la Corte Suprema señala que el Estado debe garantizar la protección y la regularización de las inversiones ya establecidas. En ese sentido, sostiene que, al haberse derogado el marco legal original, tanto el Congreso como el Ejecutivo están obligados a crear una alternativa legal.

“Lo más recomendable es que sea acá, en el país, una mesa de diálogo, que se pueda llegar a un acuerdo, que se pueda llegar a esos puntos coincidentes para garantizar la inversión y aquellos puntos donde realmente permita llegar a un arreglo pacífico”, dijo Madrid.

Para Madrid, el meollo del asunto no es si debe haber zede o no, sino cómo resolver el verdadero desafío: encontrar una fórmula para proteger la soberanía constitucional del Estado sin destruir la seguridad jurídica ni las inversiones legítimas realizadas bajo leyes emitidas por el propio Estado.

Olvin Sarmiento, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), quien también participó en el debate, se refirió a otro aspecto crucial para la viabilidad de las Zede: la falta de comunicación con la ciudadanía.

Sarmiento argumenta que esa falta de comunicación terminó por “satanizar” el proyecto y que, para hacerlo viable, es necesario aclarar “que no estamos vendiendo tierra, que no estamos vendiendo el país”.

De la mano de esta socialización, agrega Sarmiento, es necesario eliminar los sesgos políticos y partidarios y enfocar la iniciativa desde una perspectiva puramente técnica, legal y de desarrollo económico.

“Necesitamos inversiones, necesitamos leyes claras, que no se vea en duda nuestra soberanía o los derechos de las personas, que, pienso, eso es quitando el tinte político, el tinte ideológico, podemos llevarlo para beneficio de nuestro país”, acotó.