Ahora que el polígrafo es utilizado de manera legal y exitosa en el proceso de depuración policial, los empresarios recomiendan que la aplicación de estas pruebas de confianza se extienda a funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y a los administradores de las aduanas del país para combatir la corrupción gubernamental.
Las declaraciones fueron brindadas por la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Aline Flores, en el marco del Quinto Congreso Industrial desarrollado por la Asociación Nacional de Industriales (Andi).
La empresaria lamentó que debido a estas y otras inefiencias Honduras es señalada entre los países más corruptos del mundo y de manera reciente vuelve a ser excluida de los beneficios financieros que brinda el gobierno estadounidense al programa de desarrollo denominado la Cuenta Desafío del Milenio.
Representantes del Cohep son miembros de la Comisión Presidencial para la Modernización del Servicio Aduanero (Copremsa) y por lo tanto están enterados de una serie de denuncias e irregularidades que se cometen en estos puntos fronterizos, terrestres, marítimos y aéreos.
“Hicimos un esquema para seleccionar a los administradores de las aduanas mediante un concurso que incluía aspectos técnico, de valores y capacidades.
De manera lamentable se emitió un decreto ejecutivo mediante el cual se faculta al director de Ingresos para que nombre a las personas que ocuparán estos cargos porque se trata de personal de confianza”, expresó.
Para Flores esta situación es nefasta para el país porque se continúa con un proceso de clientelismo político a través de estos puestos.
“Hablamos con los comisionados de Copremsa y conversaremos con el nuevo director de la DEI -Mario Alberto López Stainer- para retornar al proceso de selección anterior”, expresó.
“Tenemos denuncias de que en las aduanas existe un gran contrabando. Además creemos que la DEI debe ser más inquisidora y debe ampliar su base tributaria para no limitarse a imponer cargas tributarias a las mismas empresas del país”, expresó.
También señaló que existe en el país una creciente defraudación fiscal ejercida por negocios que operan en la economía informal.
Por otra parte, dijo que las pruebas de confianza también deben ser aplicadas a funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), algunas municipalidades y candidatos presidenciales.
