El contrato de arrendamiento de seis camaroneras propiedad del grupo estatal Hondufarms-Ibermar terminó en manos de varios empresarios ligados a esa industria que operan en Choluteca, al sur de Honduras, y no en poder de los “técnicos”.
Así lo denunciaron a EL HERALDO varios trabajadores de las fincas, quienes relataron que el alquiler de Hondufarms, Culcasa, C.W.Y.C. Camarón y Exmar resultó un jugoso negocio para empresarios dedicados a la venta de alimentos y al procesamiento del camarón, quienes fueron al final los que facilitaron los concentrados y el maquilado del producto a precios leoninos.
Lo anterior generó el robo de miles de libras de camarón en las fincas y millonarias pérdidas para los técnicos y trabajadores supuestamente beneficiados por el gobierno de Honduras con la aprobación del arrendamiento, agregaron los informantes, quienes pidieron omitir sus nombres por temor a represalias.
“Es increíble los precios que pagamos por quintal de alimento balanceado para engorde de camarón, hay diferencias de 100 y 200 lempiras con respecto a los precios que cotizamos en otras agropecuarias o casas comerciales de Choluteca”, dijo uno de los informantes.
¿Dónde maquilaron el camarón cultivado?, preguntó EL HERALDO a los denunciantes, quienes de inmediato respondieron que el producto fue procesado en plantas particulares de Choluteca y no en la empacadora Ibermar, que es propiedad del grupo, la que se encuentra instalada en San Lorenzo,Valle.
Los denunciantes manifestaron que no contaban con cifras precisas del volumen cosechado de camarón por el robo de miles de libras. Esta semana termina el segundo ciclo de cosecha de camarón en los departamentos de Choluteca y Valle, que es la principal actividad económica de la zona sur, al generar más de 170 millones de dólares en divisas.
Al final de la primera cosecha, los técnicos solo pudieron cosechar cuatro fincas, ya que Fincamar y Acuatec nunca fueron traspasadas por una deuda que mantenía la Secretaría de Finanzas de Honduras.
Polémico contrato
El 4 de julio de 2012, Héctor Guillén, exsecretario de Finanzas, firmó el alquiler de las seis fincas con el técnico Rafael Perdomo Pinel por la irrisoria cantidad de 500,000 lempiras anuales más el 12% del Impuesto Sobre Ventas (ISV) por un periodo de 18 meses.
Ese contrató generó una polémica después de que la esposa de Guillén fue detenida en la posta policial El Durazno, al norte de la capital de Honduras, con 1,125,000 lempiras en efectivo, los que el periodista de Choluteca Ariel D’ Vicente denunció que procedían del pago de un soborno por 3.2 millones de lempiras por el alquiler de las fincas a varios funcionarios.
Ese escándalo terminó con la renuncia del cargo de Héctor Guillén y en una investigación de los órganos de justicia competente, la que aún no ha sido revelada.
