La Fiscalía de Derechos Humanos acusará a médicos si se comprueba que desatendieron pacientes durante el paro de labores que mantienen.
Así lo advirtió el fiscal especial de Derechos Humanos, John César Mejía, al ser abordado por EL HERALDO, sobre la actual crisis en el sistema de salud derivado del paro de labores de médicos y otro personal sanitario. Esta Fiscalía inició un seguimiento a este problema.
“Tenemos conocimiento que, a nivel nacional, en varios centros hospitalarios de servicio público están paralizando sus labores. Como Fiscalía Especial de Derechos Humanos hemos dado la instrucción para que un grupo de fiscales e investigadores se movilice a dichos centros hospitalarios para hacer inspecciones y entrevistar a los pacientes”, manifestó. Lo que se pretende es conocer si existen áreas que se dejaron de atender por el paro de labores.
Acusaciones
La Fiscalía tiene claro que los empleados de salud tienen derecho a protestar por sus derechos, de manera pacífica.
Sin embargo, enfatizó que es deber de la Fiscalía constatar si no se están limitando o restringiendo derechos de otras personas que necesitan ser atendidas en su salud.
“Después de las entrevistas, de las inspecciones y de todas las investigaciones que se tienen que hacer al respecto, vamos a determinar si los médicos están dejando de hacer algo que deben hacer, si hay emergencia y si está en peligro la vida de una persona”, indicó.
La Fiscalía revisará si está legitimado el paro de labores. Si el paro es ilegal y se comprueba que médicos desatienden a pacientes, la Fiscalía ejercerá la acción penal.
“Si ellos, (médicos) dejan de atender emergencias donde hay pacientes cuya vida está en peligro, y si una persona muere por no ser atendida en caso de emergencia, por los especialistas o médicos generales, la Fiscalía, después de hacer las investigaciones y si encuentra elementos, está obligada a presentar las acciones ante los tribunales”, advirtió.
El delito que se imputaría a empleados de la Secretaría de Salud es el de violación a los deberes de los funcionarios.
Asimismo, atentado a la salud de las personas, hasta el homicidio culposo, en caso de darse esos extremos.
