La ley que crea una comisión reguladora de programación y un impuesto a los operadores de los servicios de radio y televisión, más conocida como “ley mordaza”
ingresó anoche al pleno del Congreso Nacional para su discusión y aprobación en las próximas sesiones.
El documento fue entregado personalmente al presidente del Legislativo, Juan Orlando Hernández, por la principal propulsora de esta iniciativa, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, quien se presentará este día al plenario para ilustrar a los diputados.
Según sus proyectistas, la iniciativa responde a una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad que propone la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, en lo que atañe al otorgamiento de frecuencias para facilitar que los pueblos indígenas, mujeres y otros grupos sociales dispongan de medios propios de comunicación.
Sin embargo, las reformas van más allá de la “democratización” cuando en el proyecto se propone la creación de una comisión reguladora de programación, donde el gobierno tiene mayoría de miembros y podrá censurar cualquier tipo de mensajes que lesionen los intereses de la clase de gobierno.
Además, impone un impuesto del 5 por ciento de los ingresos brutos trimestrales a las empresas comerciales de radio y televisión, dineros que alimentarán un fondo para incentivar la creación de medios comunitarios; además, crea multas y medidas confiscatorias contra los infractores de dicha legislación.
El proyecto en manos del CN reforma los artículos 1, 2, 7, 9, 11, 13, 14, 27, 29, 30, 33, 38 A, 39, 41, 43, 46, 49 del Decreto Legislativo Número 185-95
contentivo de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones.
La presente ley establece las normas para regular, en el territorio nacional, los servicios de telecomunicaciones, comprendiéndose entre estos toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes fijas, imágenes en movimiento, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por medio de transmisión eléctrica por hilos, radioelectricidad, medios ópticos, combinación de ellos o cualesquiera otros sistemas electromagnéticos.
Igualmente, “las responsabilidades en la difusión y recepción de los mensajes que sean trasmitidos a través de los servicios de radiodifusión de libre recepción y demás medios electrónicos, a fin de garantizar los derechos de las personas, especialmente de la niñez y la juventud, el respeto al honor y a la intimidad y la protección de los principios éticos y morales, así como los valores culturales de la sociedad hondureña en sus diferentes expresiones”.
La bancada del Partido Liberal mantiene su posición en contra de la mencionada ley, confió anoche el jefe de ese colectivo mayoritario de oposición.
“Venga como venga dicha ley” no la vamos a apoyar, dijo Yani Rosenthal, afirmando que varias versiones, incluso, la última, ha sido analizada y la posición es en contra.
