El gobierno dio marcha atrás al grosero 'trancazo',
aprobado en secreto por el Congreso Nacional (CN), que eleva los costos para salir o entrar por la vía aérea al país.
La Presidencia de la República decidió este lunes 'no sancionar' el aumento de 34 dólares
(17 por entrada y 17 por salida) al costo de los pasajes aéreos, autorizado en incógnita el pasado 14 de diciembre por concepto de servicios de seguridad biométrica.
Pese a que el procedimiento correcto era que el presidente vetara el decreto, este zarpazo al bolsillo de los hondureños queda en suspenso tras el reclamo generalizado de la población en contra del duro incremento establecido en un misterioso contrato concedido a la compañía estadounidense Securiport.
En un comunicado leído en Casa Presidencial, el poder Ejecutivo estableció que 'la Presidencia de la República, a petición del Presidente del Congreso Nacional, ha decidido no sancionar el contrato de control de identidad de pasajeros internacionales'.
El documento, leído por el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Bonilla, señala que 'la finalidad es para que se hagan las revisiones correspondientes por parte de los técnicos del secretario general en los despachos de Interior y Población'. Según el gobierno, se procederá a realizar una serie de análisis conjuntos entre el Ejecutivo y el Legislativo a fin de tomar decisiones 'que no afecten el bolsillo de los hondureños'.
Ante el anuncio de este poder del Estado no se dejaron de escuchar opiniones en los medios de comunicación en el sentido de que se espera que el Ejecutivo no anuncie más adelante que la 'revisión' consistirá en una 'rebaja' al 'trancazo' migratorio, ya que Casa de Gobierno no especificó si anulará el incremento o procederá a reformar la polémica iniciativa.
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Lo que sí se dijo es que esta semana el gobierno se sentará con la empresa a la cual le fue adjudicado el contrato para los servicios de seguridad biométrica.
El comunicado emitido por la Presidencia de la República afirma que 'de ninguna manera se busca perjudicar a los compatriotas más desposeídos y tampoco al turismo, fuente de trabajo y divisas en nuestro país'.
Trama
El gobierno reculó tras quedar al descubierto toda una trama tejida entre los poderes Ejecutivo y Legislativo tendiente a elevar con una nueva 'tasa de seguridad' el costo de los pasajes aéreos en el país.
Y es que el Legislativo dio luz verde al incremento el 14 de diciembre de 2011, sin informar al pueblo hondureño los detalles de la medida que obligaría a hondureños y extranjeros a pagar entre 68 y 71 dólares por entrar y salir por la vía aérea del territorio nacional, considerando la actual tasa aeroportuaria que se paga en las diferentes terminales aéreas.
El Congreso aprobó el contrato que había sido suscrito entre la Secretaría del Interior y Población y la empresa Securiport con la autorización de la Presidencia de la República.
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Ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo informaron al pueblo hondureño sobre el nuevo 'trancazo' al costo de los pasajes aéreos en el país.
El convenio establece que Securiport cobraría
17 dólares por cada vez que un viajero internacional salga y otros 17 dólares por entrar
al territorio nacional.
El contrato dice que la Secretaría del Interior acepta que 'Securiport reciba el pago de honorarios de $17 por cada pasajero que entre y cada pasajero que salga de la República de Honduras a través de los aeropuertos internacionales'.
Este valor será como pago del servicio del registro biométrico que Securiport realizará en 22 puntos migratorios, incluyendo los cuatro aeropuertos internacionales.
Los cobros, según los funcionarios del gobierno, solo se harán en los aeropuertos.
Hombres y mujeres de negocios, turistas, estudiantes y cooperantes, entre otros, serían afectados por igual con este golpe al bolsillo ante el que nadie tuvo la oportunidad de reaccionar por la forma oscura en que los legisladores lo aprobaron.
La responsabilidad también recae en el poder Ejecutivo, que el 24 de marzo de 2011 aprobó el acuerdo Ejecutivo 29-2011, que autorizó a la Secretaría del Interior para que firmara, sin licitación, un contrato para adquirir los servicios de una empresa que vigilara, con mecanismos avanzados, el ingreso y salida de nacionales y extranjeros del país.
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El ministro del Interior, Áfrico Madrid, procedió a firmar el contrato con la empresa Securiport por 10 años el 9 de mayo de 2011, lo que demuestra que las negociaciones estaban avanzadas.
Pese a ser aprobado a mitad de año, el Congreso Nacional esperó hasta el mes de diciembre, en las últimas sesiones y en horas de la madrugada, para aprobar el decreto 252-2011.
El objetivo de esta contratación, según el convenio, es que mediante la nueva tasa de seguridad que se crea se mejore la vigilancia en las aduanas para evitar la infiltración del crimen organizado. Pese a ser un mecanismo para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico, el gobierno decidió aplicar el cobro a los hondureños y a los turistas, en lugar de tomar los fondos incautados a los grupos delictivos.
Al considerar que unos 800 mil pasajeros usan los aeropuertos internacionales para su tránsito hacia y desde Honduras, Securiport se embolsará unos 27 millones de dólares al año, equivalentes a 513 millones de lempiras.
Al multiplicar ese ingreso por los diez años de vigencia del contrato, la suma total que percibirá la compañía extranjera será de 270 millones de dólares, es decir, 5,130 millones de lempiras.
Securiport hará una inversión inicial de 31 millones de dólares para instalar su equipo. Para comenzar el proceso, ya depositó 17 millones de dólares en concepto de garantía.
