El cumplimiento de la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento para la capital sufrió otro tropiezo.
Una vez más, el esfuerzo de autoridades municipales y los miembros del Frente Ciudadano por el Agua (FCA) se diluyó en las limitaciones financieras del gobierno. A la fecha, y con cinco años más de prórroga desde 2008, no se identificó una partida presupuestaria de 2,000 millones de lempiras, para el pago de prestaciones de los empleados del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
Otro de los fantasmas que acechó el proceso es la próxima contienda electoral, donde los candidatos de los partidos políticos han tomado apertura del tema para presentar su propuesta proselitista.
Luego de 10 años de haberse emitido el decreto 118-2003 de la ley marco y a 19 días para que se cumpla la fecha límite, poco o nada es el avance logrado para hacer efectivo el mandato legislativo.
Es así que hoy en día autoridades de la Alcaldía Municipal y del SANAA admiten el fracaso del traspaso e inician a presentar propuestas de prórroga para desarrollar el proceso en la siguiente administración.
Las propuestas
“Nosotros ya lo habíamos anunciado, este proceso pasa por una serie de requisitos de los cuales no se completó ninguno”, expresó el subgerente del ente, Ricardo Velásquez.
El funcionario agregó que la municipalización deberá extenderse un año más para definir con la nueva administración gubernamental y municipal su base financiera.
“Ya se ha reformó el artículo 48 de la ley marco y se ampliará un año más, esperamos que en lo próximos días se establezca una ruta para definir el traspaso del acueducto siempre y cuando haya disponibilidad financiera”, manifestó.
Por su parte, Irvin Guerrero quien es miembro del Comité Ejecutivo del FCA, expresó que no se puede decir que la municipalización del agua en la capital no tiene futuro.
A su juicio, el talón de Aquiles de la iniciativa fue la limitación financiera del gobierno.
No obstante, consideró que aunque no hubo forma de identificar los fondos del pasivo laboral, el avance rescatable es la identificación plena de dos sectores.
“Hay un grupo de personas que piensa que la solución es que el Estado fortalezca financieramente al SANAA, aunque no dicen de dónde saldrán los fondos”, indicó.
Mientras que otro sector considera necesaria la creación de un ente prestador del servicio, dotado de autonomía financiera y administrativa que cumpla con los estándares internacionales para que pueda operar el sistema.
Agregó que el proceso pasa por una racionalización del número de empleados que hay en el SANAA, en vista que el ente autónomo registra en sus planillas 1,900 personas de las 700 que necesita.
Guerrero recomendó prorrogar el proceso tres años más para poder desarrollarlo de forma eficiente.
El alcalde Ricardo Álvarez, por su parte, dijo que presentará la iniciativa de traspasar el sistema a la corporación y que la Municipalidad nombre al SANAA como suboperador del sistema.
“De esta forma cerraríamos una prórroga que atrasa el beneficio de tener más agua, mejor calidad y mayor cantidad en barrios y colonias”, expresó.
