Tegucigalpa, Honduras.- Un ambiente de tensión y desacuerdos se registró este jueves 15 de enero durante el operativo de desalojo ejecutado en la colonia Las Crucitas, en el sector de El Picacho, donde alrededor de 15 familias enfrentan la pérdida de sus viviendas.
Desde las 8:00 de la mañana, agentes policiales, tanquetas y abogados se desplazaron a la zona para cumplir una orden judicial vinculada a un litigio por la propiedad del terreno. La presencia policial generó alarma entre los pobladores, quienes denunciaron arbitrariedad y vulneración de sus derechos.
"Nosotros tenemos escrituras públicas, miren a los Libre no los llevan este montón de policías, nosotros que somos dueños, tenemos escrituras públicas, miren que nos violentan, miren a quienes nos mandan, a los Cobras, porque no se los mandan a los de Libre, no es justo lo que nos están haciendo".
Suyapa Andino, residente del sector desde hace más de cinco décadas, afirmó que ha pagado impuestos al Estado y que su vida está arraigada en el lugar. "Tengo más de 50 años de vivir acá. Aquí nacieron mis hijas. Yo solo tengo este lugar para vivir", declaró a EL HERALDO.
Otra vecina, señaló que entre los afectados hay personas vulnerables. “Esto es una barbaridad. Hay personas de la tercera edad recién operadas y con diabetes que se han agravado. No es posible cuando somos legales”, manifestó.
Los habitantes insistieron en que la falta de recursos económicos limita su capacidad de defensa. “No tenemos dinero y por eso no nos escuchan. Estamos aquí exigiendo lo que nos ha costado”, dijo otra de las afectadas.
El operativo responde a una acción legal interpuesta por Rony Carbajal, quien se identifica como propietario del terreno. Carbajal aseguró que el conflicto se remonta a 1990 y que existe una sentencia firme a su favor. Según explicó, ofreció dos alternativas a las familias para abandonar las viviendas, pero ambas fueron rechazadas. “La ley se debe cumplir”, sostuvo.
En contraste, el abogado defensor de los vecinos afirmó que el desalojo es ilegal, ya que las familias cuentan con títulos de dominio extendidos por el Estado de Honduras, lo que según su argumento impide ejecutar un desalojo mientras el conflicto no se resuelva de forma definitiva.
Las acciones policiales mantuvieron en zozobra a los pobladores, mientras el proceso legal continúa sin una resolución aceptada por ambas partes.
