Tegucigalpa, Honduras.-Una orden judicial dio paso este jueves 15 de enero a un operativo de desalojo en la colonia Las Crucitas, ubicada en el sector de El Picacho, donde se presentaron tanquetas, agentes policiales y abogados desde las 8:00 de la mañana.
Los vecinos denunciaron que el conflicto por la propiedad de los terrenos se mantiene desde hace al menos cuatro años y aseguraron que el procedimiento es arbitrario.
Gabriela, una de las residentes, afirmó que entre los afectados hay personas de la tercera edad y con enfermedades crónicas. “Esto es una barbaridad. Hay personas recién operadas y con diabetes que se han agravado. No es posible cuando somos legales”.
La vecina sostuvo que los pobladores cuentan con escrituras públicas y cuestionó el momento del operativo. “Somos legales, tenemos documentos. A pocos días de que este gobierno entregue el poder nos hacen esto, cuando la presidenta Xiomara Castro dijo no más desalojos”, añadió.
Los habitantes indicaron que presentaron una apelación el 11 de noviembre a las 12:30 del mediodía, la cual aún no ha sido resuelta, además de un recurso de amparo interpuesto el 20 de noviembre. “No es justo”, reiteró una representante del sector.
Otra vecina aseguró que los residentes cumplen con sus obligaciones fiscales. “Le pagamos al Estado de Honduras, pagamos impuestos y aun así nos tratan como delincuentes. Esto es un atropello”, manifestó.
Durante el operativo, un subcomisionado de la Policía afirmó que la actuación se limita a acompañar la orden judicial. “No venimos a golpear a nadie ni a cometer abusos. Estamos respetando los derechos humanos y solo damos cumplimiento a lo ordenado por los juzgados”, declaró.
Posteriormente, uno de los abogados leyó el documento que respalda el desalojo y solicitó a los vecinos que se retiraran de manera pacífica. "Vamos a establecer, y solicitar de manera pacífica que desalojen, ya estamos personados aquí en el área y como ustedes lo requieren tienen los recursos interpuestos como corresponden, no venimos aquí a sacar a nadie a la fuerza y que sea de forma pacífica".
El representante legal de los vecinos rechazó la medida y afirmó que el desalojo es ilegal. “Es arbitrario. La persona que reclama estos bienes no está legitimada en el proceso. Ha intentado en 11 ocasiones registrar la propiedad a su nombre ante el Instituto de la Propiedad y no ha podido”, sostuvo.
