Varios sectores opuestos al fideicomiso en el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) solicitan detener temporalmente la publicación de ese contrato en el diario oficial La Gaceta.
A esa postura llegaron ayer representantes del sindicato del SANAA y juntas de agua de la capital, luego de una reunión con miembros de la Alcaldía, el ente autónomo, Coalianza y banco Ficohsa, entidad financiera que manejará los fondos.
“Pedimos a las autoridades que por los momentos no publiquen la ley, porque es un contrato que no fue consensuado y no lo conocemos”, exhortó Eunice Reyes, presidente de Asociación de Juntas de Agua de la capital.
Además, los representantes de Coalianza y el banco prometieron entregar los documentos del contrato y las cláusulas de licitación, donde resultó ganador Ficohsa, agregó.
Estos puntos se abordarán en una nueva reunión con los mismos actores y comisiones delegadas el martes de la próxima semana en el plantel municipal de la colonia 21 de Octubre.
Discrepancias
Según el bloque de oposición a la medida, existe demasiada incertidumbre sobre los alcances que tendrá la determinación del fideicomiso.
En ese sentido, los miembros de Coalianza explicaron que el banco administrará los flujos captados por el SANAA, pero siempre desembolsará al ente autónomo lo correspondiente para cubrir los egresos.
Según Coalianza, esta herramienta garantizará a futuros inversionistas que se les honrará el pago por el financiamiento de proyectos de agua y saneamiento realizados.
“No se trata de acaparar los ingresos del SANAA, sino de mejorar la cobertura”, señaló Alejandro Mejía, director técnico de Proyectos de Coalianza.
Asimismo, los funcionarios sostuvieron que la modalidad no interferirá con la administración de las juntas ni la Ley del Marco del Agua y Saneamiento, que plantea la municipalización del servicio.
No obstante, Richard Omar Salinas, vocal de la Asociación de Juntas de Agua, replicó que el SANAA maneja el cobro a estas organizaciones comunitarias, por lo que pasarán al banco fiduciario.
Asimismo, cuestionó que la banca privada tendrá tanta responsabilidad al grado que la Alcaldía Municipal no podrá administrar nada.
Como la medida todavía no es ley, porque no ha sido publicada en La Gaceta, los opositores solicitan detener el proceso mientras se realicen modificaciones o aclaraciones.
En tanto, el alcalde Nasry “Tito” Asfura sostuvo que la situación “no es un problema de instituciones, sino agua para la vida y no se pueden seguir postergando proyectos”.
