Tegucigalpa, Honduras.– El empresario estadounidense Murray Paul Farmer cumple más de un mes bajo arresto domiciliario en Honduras, en medio de un proceso judicial por presunto fraude que él califica como “infundado” y vinculado a una disputa millonaria con el Estado hondureño.
Farmer, originario de Mobile, Alabama, ha permanecido al menos 42 días bajo restricción judicial, luego de regresar al país -según su defensa- con la intención de resolver un litigio que se remonta a inicios de la década de 2000.
El caso tiene sus raíces en los trabajos de reconstrucción posteriores al huracán Mitch, que azotó Honduras en 1998. De acuerdo con el empresario, su compañía, identificada como DRC, según distintas referencias, fue contratada por el gobierno hondureño para desarrollar sistemas de agua potable y alcantarillado.
Farmer sostiene que las obras fueron ejecutadas, pero que el Estado nunca cumplió con los pagos correspondientes.
Esta situación derivó en un proceso arbitral nacional que, según afirma, falló a su favor.
“Nuestra indemnización arbitral fue de más de 50 millones de dólares y luego ascendió a 106 millones”, declaró el empresario, quien asegura que el actual proceso penal busca evitar el cumplimiento de esa obligación financiera.
En 2025, la justicia hondureña presentó cargos por fraude contra Farmer en relación con esos contratos.
Sin embargo, el empresario permanecía en Estados Unidos hasta que, según su abogado Jim Reeves, decidió regresar voluntariamente a Honduras tras recibir supuestas garantías de que se podría negociar una salida al conflicto.
“Se presenta en ese lugar de buena fe para intentar negociar una solución y lo arrestan”, explicó Reeves.
Desde entonces, Farmer permanece bajo arresto domiciliario en la vivienda de un familiar de su esposa, mientras enfrenta el proceso judicial.
Durante una audiencia reciente, el juez del caso decidió conceder más tiempo al Ministerio Público para presentar pruebas, lo que prolonga la etapa inicial del proceso.
Además, rechazó una solicitud de la defensa para desestimar los cargos, una decisión que, según el propio Farmer, lo deja en una situación de incertidumbre legal.
“El juez no permitió que presentáramos una moción para desestimar el caso”, afirmó el empresario en declaraciones difundidas por medios internacionales.
La próxima audiencia ha sido programada para el 14 de mayo, fecha en la que se espera que el tribunal avance en la evaluación de las pruebas y determine los siguientes pasos del proceso.
Cuestionamientos al sistema judicial
Farmer ha sido crítico del sistema judicial hondureño, al asegurar que se han extendido los plazos sin resolución clara.
“Si esto ocurriera en Estados Unidos, el caso ya habría sido desestimado por falta de pruebas”, sostuvo.
Asimismo, expresó preocupación por su situación personal y legal: “No tengo idea de qué hacer. Necesito ayuda”.
A estas declaraciones se suma un informe citado por el propio caso, según el cual una empresa contratada por Lloyd’s of London habría advertido posibles vínculos políticos del juez con un exfuncionario que se opuso a la indemnización a favor del empresario.
Este señalamiento no ha sido confirmado de forma independiente por autoridades hondureñas.
Farmer también aseguró que la falta de pago por parte del Estado hondureño tuvo consecuencias directas en su empresa, incluyendo su venta y la pérdida de aproximadamente 150 empleos en Estados Unidos.El empresario sostiene que el conflicto ha afectado su estabilidad financiera y personal durante más de dos décadas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que tiene conocimiento de la detención de Farmer y que brinda asistencia consular.
“La administración tiene como prioridad la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero”, indicó un portavoz en un comunicado.
No obstante, Farmer ha señalado que considera necesaria una intervención más directa del gobierno estadounidense para garantizar un proceso justo.
El caso ha comenzado a captar la atención de medios internacionales, que han dado seguimiento a las denuncias del empresario y el desarrollo del proceso judicial en Honduras.
