Tegucigalpa, Honduras.- Los pobladores de la aldea El Horno, en el municipio de San Buenaventura, Francisco Morazán, mantienen su protesta contra la tala de bosque que afectó aproximadamente 1,000 árboles en una zona donde también se encuentran fuentes de agua.
Pamela Barahona, habitante y defensora ambiental de la comunidad, aseguró que un grupo de vecinos comenzó las acciones de protesta el pasado sábado y advirtió que continuarán utilizando las vías legales y comunitarias para intentar detener la intervención forestal.
“Los pocos que estamos seguimos haciendo la lucha. Ya hicimos un llamado a las autoridades y también al representante de la Iglesia Católica de la comunidad. Estamos luchando porque necesitamos que nos respondan por la deforestación que hicieron”, afirmó Barahona.
La pobladora señaló que la tala comenzó hace aproximadamente ocho días y que los trabajos se desarrollaron en el transcurso de una semana. Estimó que fueron cortados más de 1,000 árboles, principalmente pinos, además de ejemplares de roble, entre las especies afectadas.
“Se talaron aproximadamente 1,000 árboles. Desgraciadamente, entre los árboles afectados están nuestro pino nacional y el roble, aunque la mayoría de los árboles talados son pinos”, manifestó la defensora ambiental.
Barahona cuestionó que hasta ahora no hayan recibido una respuesta de la Alcaldía Municipal de San Buenaventura, a pesar del llamado que realizaron para abordar la situación. Según relató, el alcalde afirmó que la empresa cuenta con los permisos correspondientes.
“Casualmente, ayer (10 de agosto) el alcalde declaró el estado de emergencia en el municipio de San Buenaventura y habló de que unas 2,000 personas podrían sufrir hambre debido a la situación. Es una contradicción que permita una situación como esta”, expresó.
La denuncia adquiere mayor preocupación para los pobladores debido a que cerca del área intervenida pasa una quebrada y en las cercanías de la entrada construida para el proyecto existe una fuente de agua que ya presentaba problemas y que ahora se secó completamente.
“Estamos tratando de abocarnos a las personas competentes que nos puedan ayudar a detener esto. Estamos tomando todas las acciones legales y tratando de interponer denuncias en las instituciones que corresponden para proteger principalmente el bosque”, señaló.
Los vecinos también buscan la intervención del Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y el Ministerio Público.
“Vamos a alzar la voz ante el ICF, la Serna y el Ministerio Público. Vamos a llegar hasta las últimas instancias. No solo soy yo; mi familia Barahona y otras personas nos hemos unido para tratar de detener esto”, sostuvo.
La defensora ambiental cuestionó además la propuesta atribuida a la empresa de sembrar tres árboles por cada ejemplar talado, al considerar que una reforestación posterior no sustituye de inmediato los árboles que fueron eliminados ni resuelve la preocupación por la disponibilidad de agua.
“Un árbol tarda muchos años en alcanzar su tamaño normal. Además, ¿con qué agua los van a regar si no está lloviendo? ¿Con qué agua van a hacer crecer esos árboles si en la aldea se está escaseando el agua?”, cuestionó.
Por su parte Kenia Alexandra Barahona, pidió al Gobierno y a las autoridades ambientales intervenir de inmediato, investigar la tala y garantizar el cumplimiento de las leyes. También afirmó que los habitantes están dispuestos a denunciar y participar en acciones de conservación y reforestación.
“Le pedimos al Gobierno y a las autoridades correspondientes que intervengan de manera inmediata para detener la tala indiscriminada de árboles, que investiguen y hagan cumplir las leyes ambientales”, demandó Kenia Alexandra Barahona.
Los pobladores sostienen que la deforestación también representa una amenaza para la fauna, debido a que en el área afectada había sitios donde habitaban aves. La comunidad destaca además que sus principales riquezas forestales son el roble, el encino y el pino.
“Nosotros estamos luchando por nuestras futuras generaciones. ¿Qué futuro les espera a mis hijos dentro de tres, cuatro o cinco años si seguimos destruyendo el planeta? Es la primera vez que ocurre una deforestación de esta magnitud en nuestra aldea”, advirtió Alexandra.
Permiso no fue otorgado ´por la Alcaldía
El alcalde de San Buenaventura, Andrés Amador, defendió la actuación de la municipalidad y aseguró que el permiso para el corte de árboles no fue otorgado por la Alcaldía, sino por las instituciones ambientales correspondientes.
Según Amador, los desarrolladores del proyecto solicitaron inicialmente el permiso ambiental ante Serna y Posteriormente, el proceso involucró a Copeco y al Instituto de Conservación Forestal, entidad que finalmente autorizó el corte de árboles.
“Yo no he dado ni un solo permiso. Quienes han dado los permisos son las instituciones del Estado. Desde el momento en que el ICF autoriza la tala del bosque, quienes dan el permiso son ellos”, afirmó el edil.
El alcalde explicó que, al conocer la situación, convocó a los líderes de las organizaciones de la comunidad para abordar el conflicto. Indicó que la mayoría de los representantes acudieron, aunque no participaron la Iglesia Católica ni la Junta de Agua.
“Se hicieron presentes todos; los únicos que no se presentaron fueron la Iglesia Católica y la Junta de Agua. La mayor parte de los habitantes, o la representación de los demás ciudadanos, firmaron un convenio con la empresa”, señaló Amador.
Amador aseguró además que la Alcaldía intentó detener inicialmente los trabajos mientras se socializaba el proyecto. Sin embargo, sostuvo que los desarrolladores continuaron con la intervención debido a que contaban con las autorizaciones emitidas por la Serna y el ICF.
“A nosotros solo nos trajeron la documentación y, el día que nos trajeron la documentación, ese mismo día empezaron. Yo los logré detener. Firmamos un convenio para que no siguieran hasta socializar el proyecto, pero no hicieron caso”, Afirmo el entrevistado a EL HERALDO.
