Tegucigalpa, Honduras.- El libramiento salida al sur de Tegucigalpa registra un avance global del 5%, marcado por múltiples obstáculos que han limitado su ejecución desde el inicio de obras en septiembre de 2025 que se lanzó de manera oficial.
El principal problema ha sido la liberación de terrenos por donde pasará la carretera denominada Anillo Periférico-Carretera Salida CA-5 Sur, donde se invierten 57.7 millones de dólares financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“El principal problema del proyecto ha sido la liberación de los terrenos, ya que la obra cruza por propiedades privadas y se debe indemnizar a cada propietario para poder trabajar en toda la zona, lo que ha retrasado significativamente el avance”, explicó una fuente vinculada directamente con el proyecto.
Añadió que “en este momento no hay acceso en el kilómetro cero porque no está liberado, lo que obliga a buscar ingresos alternos que no son adecuados para maquinaria pesada ni para el desarrollo normal del proyecto”, detalló la misma fuente.
Ante esta limitante, el ingreso al área de construcción se realiza por la zona de La Cañada, donde las condiciones no son aptas para el tránsito de equipo pesado.
Las dificultades también se extienden hacia el sector de Santa Rosa, donde tampoco se cuenta con accesos adecuados para desarrollar las labores constructivas.
“Del lado de Santa Rosa también existen limitaciones de ingreso, lo que obliga a trabajar en tramos muy reducidos y limita la posibilidad de ejecutar varias actividades de forma simultánea”, agregó el entrevistado.
Una de las pocas alternativas ha sido el ingreso por la colonia El Recreo, gracias a permisos otorgados por los residentes del sector.
“Se ha logrado ingresar por El Recreo con autorización de los vecinos, pero los portones impiden el paso de maquinaria grande, por lo que el avance sigue siendo lento y condicionado”, afirmó la fuente.
El traslado de insumos y equipo ha requerido maniobras complejas, incluyendo la gestión de permisos en áreas ajenas al proyecto. “El movimiento de materiales ha requerido coordinaciones adicionales y permisos especiales en zonas fuera del proyecto, lo que incrementa los tiempos y dificulta la logística de construcción”, explicó.
Otro de los problemas es la falta de acceso a fuentes de agua cercanas para los procesos constructivos. “No se cuenta con acceso adecuado a agua para los trabajos, lo que también incide en el ritmo de ejecución y obliga a implementar soluciones alternas que encarecen y retrasan la obra”, indicó.
El proyecto es ejecutado por un consorcio conformado por las empresas Eterna y Sermaco, que actualmente trabajan en los tramos disponibles.
“Hasta ahora se ha liberado aproximadamente el 40% del área, mientras que el 60% restante sigue pendiente de indemnización, lo que limita el desarrollo integral del proyecto”, detalló la fuente entrevistada.
Parte de los terrenos liberados corresponde a propiedades de Inprema y a propietarios que han permitido el ingreso sin haber recibido el pago correspondiente. “Algunos propietarios han autorizado el ingreso sin haber sido indemnizados, lo que ha permitido avanzar en ciertos tramos, pero no es una solución sostenible para el proyecto”, agregó.
En las áreas liberadas, el avance en trabajos de terracería oscila entre el 20% y el 30%, concentrándose en aproximadamente cuatro kilómetros. Sin embargo, existe el riesgo de que, al concluir estos segmentos, las obras queden detenidas por falta de acceso a nuevas áreas.
“Una vez finalizados los tramos liberados, el proyecto podría entrar en pausa si no se logra liberar el resto del derecho de vía, lo que representaría un atraso aún mayor”, advirtió.
Actualmente, los trabajos se desarrollan en segmentos de apenas 200 metros, lo que ralentiza considerablemente el progreso general. “Se está trabajando en tramos de unos 200 metros, lo que no permite avanzar con la rapidez necesaria para cumplir con el cronograma establecido”, afirmó la fuente.
El proyecto contempla componentes principales: tres intercambiadores ubicados en La Cañada, Santa Rosa y Tizatillo, además de varios kilómetros de carretera.
“El avance global ronda el 5% porque se deben considerar todos los componentes del proyecto, incluyendo los intercambiadores donde aún no se puede trabajar por falta de liberación de terrenos”, puntualizó.
El plazo de ejecución es de 24 meses, contados desde el 29 de septiembre de 2025, aunque su cumplimiento dependerá de resolver los obstáculos actuales. “El proyecto podría finalizar en el tiempo previsto si se logra liberar de inmediato el derecho de vía; de lo contrario, los atrasos seguirán acumulándose”, señaló.
Se está avanzando
Por su parte, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, reconoció las dificultades que enfrenta la obra desde su concepción.
“El problema en el libramiento de salida al sur es que no se contaba con un plan de reasentamiento, por lo que se dio la orden de inicio sin haber recuperado el derecho de vía, lo que ha generado los retrasos actuales”, manifestó.
Añadió que “se han realizado gestiones para reactivar la ley fast track y facilitar las negociaciones con los dueños de los terrenos, especialmente en la zona de La Cañada donde ni siquiera se tenía acceso”.
Agregó que, una vez resuelto el acceso, el proyecto podría avanzar con mayor dinamismo, ya que cuenta con contratistas y supervisión activa. “Dentro del proyecto ya trabajan dos contratistas y un supervisor que han manejado de forma eficiente los tramos disponibles, logrando avances pese a las limitaciones existentes”, expresó.
Uno de los factores determinantes en los retrasos ha sido la ausencia de un implementador del Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI), encargado de negociar y legalizar los terrenos. El contrato de la empresa responsable de esta función venció antes del inicio del proyecto y no fue renovado, lo que dejó sin mediación el proceso de adquisición de tierras.
Actualmente, las autoridades gestionan la contratación de una nueva empresa implementadora, aunque aún no se concreta, lo que mantiene en incertidumbre la liberación del derecho de vía.
El proyecto “Anillo Periférico-Carretera Salida CA-5 Sur” de una longitud de 8.15 kilómetros de cuantro carriles, fue anunciado como una solución clave para el tráfico en la capital, con una inversión de 57.7 millones de dólares (1,529 millones de lempiras).
No obstante, desde su inicio el 29 de septiembre de 2025, la obra ha estado marcada por retrasos derivados de la falta de planificación en la liberación de terrenos, una condición que, según el contrato, debía alcanzar al menos el 70% antes de comenzar la construcción.
El objetivo de este proyecto es descongestionar el tránsito vehicular en la salida al sur, que conduce hacia los departamentos de Choluteca y Valle, vía por donde circulan 42 mil vehículos, según la SIT.
