El proceso de intervención del servicio de transporte público inicia este jueves luego de varias semanas de espera.
Autoridades de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) informaron que se levantará un censo de todas las unidades que operan en la capital.
La estadística comprende la identificación, certificación de los operadores y verificación de la legalidad en que operan los automotores que brindan el servicio. Cabe mencionar que este proceso también incluye a los ayudantes de las unidades y propietarios.
Y es que el presidente Juan Orlando Hernández ordenó a las autoridades investigar la operación de este servicio para garantizar la seguridad de los usuarios, operadores y empresarios.
Esta iniciativa pretende minimizar el impacto del delito de extorsión, que tiene convulsionado a este sector en al menos 15 rutas del Distrito Central.
Autoridades de Fusina enviaron un llamado a los conductores del transporte para que colaboren con los funcionarios que realizarán esta tarea en las diferentes terminales.
Se anunció que los operadores del gremio deberán portar su tarjeta de identidad, licencia de conducir y los permisos de operación de las unidades.
A la fecha, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registra 18 hechos violentos en los buses con un saldo de 31 víctimas, de los cuales 17 resultaron muertos y 14 heridos.
Según la Dirección General de Transporte (DGT), en la capital operan legales unos 925 buses amarillos, 450 rapiditos y unos 7,000 taxis.
Sin embargo de forma ilegal recorren las calles de la capital 1,500 buses, 2,000 taxis, 600 microbuses y 700 mototaxis.
Yovanny Dubón, titular de esta dependencia, manifestó al inicio de su gestión que hará una depuración total del rubro, al tiempo que advirtió que las unidades que operan de forma irregular saldrán de circulación.
A juicio del funcionario, en esta dependencia hay un “desorden organizado”, al que le pondrá punto y final en esta administración.
