Tegucigalpa, Honduras
Los halones de orejas, tirones de cabello, golpes en las manos y los “reglazos” aún no desaparecen de las aulas escolares de la capital.
Y es que según Rosa Pérez, educadora integral de la Asociación Compartir con los Niños, Niñas y Jóvenes de Honduras, el 40% de los actos de maltrato por transgresión, como se cataloga al castigo corporal en la normativa hondureña, son procedentes de la capital.
La mayoría de los menores que reciben castigos en los centros educativos son menores de 10 años, pero de acuerdo con Pérez, en la actualidad se ha comprobado que los castigos llegan hasta los que tienen entre 11 y 12 años.
A criterio de la educadora, las denuncias que se interponen en la Fiscalía de la Niñez no son ni la mitad de los casos reales que se experimentan en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.
“Los menores que no son formados en el conocimiento de sus derechos no denuncian esta situación, por esta razón en organizaciones como Compartir trabajamos para educar al docente y la comunidad para que estos eventos no se repitan”, comentó la entrevistada.
Colonias como la Flor del Campo, El Carrizal, José Ángel Ulloa y centros escolares aledaños a los mercados capitalinos son algunos de los espacios donde se registra en alto número este tipo de delitos, de acuerdo con informes de Compartir.
“Los centros de estudio del sector público son los que mayor riesgo tienen debido a que gran parte de la población estudiantil vive en colonias y barrios donde el índice de violencia es elevado”, agregó Pérez.
De acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia, el maltrato por transgresión es penado con dos (2) a cuatro (4) años de reclusión, quedando el culpable obligado a enmendar su conducta.
Según el artículo 169 de esta ley, las personas culpables por el maltrato de omisión y supresión que corresponde a dejarlos solos, o cuando no se les suplen las necesidades básicas, deben ser requeridos por el Juzgado de la Niñez y de no atender el llamado deben ser sancionados con multas de 5,000 a 10,000 lempiras.
Denuncia de casos
Según reportes del Ministerio Público, en 2015 recibieron 190 denuncias por el delito de transgresión en el departamento de Francisco Morazán, esta cifra es menor en comparación a 2014, cuando se reportaron 272 casos.
Las denuncias del año pasado se proyecta que se mantendrán al finalizar el 2016, a criterio de Lorengelin Roque, gerente de protección y participación infantojuvenil de Visión Mundial.
“Del total de las denuncias que reporta el Ministerio Público, el 1% es producto de violencia en espacios educativos”, explicó Roque.
Para la experta, los centros escolares deben ser espacios de protección para la niñez, así como la familia y la comunidad, sitios donde el menor se debe sentir protegido.
“Las mordidas, los pellizcos y halones del cabello son formas que dañan el autoestima de los menores, puede ser humillante cuando otros niños lo están observando, también está prohibido por la ley”, expresó.
Un estudio sobre violencia en centros escolares del Distrito Central realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reveló que la violencia escolar produce daños psicológicos en el 80 por ciento de los niños.
Los castigos que recibían antes los estudiantes en los centros de estudio han disminuido desde la tipificación de este acto como delito, a criterio de Elia del Cid , viceministra de la Secretaría de Educación.
Sin embargo, la funcionaria considera que basta con un reporte para generar preocupación en la comunidad.
“Con tan solo un infante que sea maltratado por un docente en el aula de clases, se deben efectuar acciones inmediatas ya que condenamos la violencia en los centros escolares”, manifestó la funcionaria.
Estadísticas
Otros delitos que se cometen en contra de los menores y que son denunciados en Francisco Morazán son las amenazas, los homicidios, actos de lujuria, violaciones, las lesiones y el incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Los departamentos que registran la mayor cantidad de denuncias por castigo corporal en contra de niños son Cortés, Intibucá, Francisco Morazán y Comayagua.
A nivel nacional, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), residen 2,535,288 niños de entre cinco a 17 años, de estos 1,260,924 son niños y 1,212,669 son niñas.
En el Distrito Central residen 269,289 menores, los que representan el 11 por ciento del total de los niños de entre cinco y 17 años que viven en el territorio nacional.
Para Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, los menores infractores por lo general han sido maltratados desde sus casas o centros de enseñanzas, por lo que desarrollan un resentimiento social. “Por lo general, las personas violentadas en sus derechos que se atreven a denunciar son de la clase media baja, ya que las clases con mayores recursos económicos prefieren ocultarlos por vergüenza”, agregó Ruelas. Para el defensor de la niñez, la disciplina debe ser preventiva en todos los ámbitos.
