Tegucigalpa, Honduras.- La discriminación en el ámbito laboral es una realidad que enfrentan muchas mujeres, y durante el embarazo esta situación puede agravarse. Por ello, es fundamental que las trabajadoras conozcan sus derechos laborales y las protecciones que les otorga la ley.
Desde el momento en que una trabajadora notifica a su empleador que está embarazada, entra en vigor un conjunto de garantías respaldadas por la Constitución de la República, el Código del Trabajo y otras leyes nacionales.
La Carta Magna, en sus artículos 60, 127 y 128 numeral 9, establece medidas de protección específicas para las mujeres en estado de gestación. Estas normas buscan garantizar la estabilidad laboral y el acceso a condiciones dignas durante el embarazo y el periodo posterior al parto.
Por su parte, el Código del Trabajo también aborda estas protecciones en los artículos 142 al 145, reafirmando la prohibición del despido injustificado y asegurando el acceso a licencias por maternidad.
Además, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, en su artículo 34, refuerza el marco legal que salvaguarda los derechos de las trabajadoras embarazadas.
De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, las empresas están obligadas a otorgar licencia prenatal y postnatal de 42 días cada una —es decir, un total de 84 días de descanso— para aquellas mujeres que gozan del beneficio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), según lo establece el artículo 78 del Reglamento de Aplicación de la Ley del Seguro Social.
Además, la trabajadora debe contar con goce de salario y la conservación de su puesto de empleo.
La licencia por aborto o parto prematuro también está contemplada en la ley, permitiendo un período de reposo con base en certificaciones médicas, como parte de sus derechos.
Una trabajadora goza de protección contra el despido durante el embarazo y el período postnatal. También tiene derecho a una hora diaria remunerada para lactancia, conforme al artículo 140 del Código del Trabajo.
En relación con este tema, Jasmin Cruz, especialista en temas laborales, refirió que una mujer trabajadora afectada puede reclamar sus derechos ante la Secretaría de Trabajo, quienes enviarán inspectores.
“Una vez que el inspector llega a la empresa o institución, puede iniciar una investigación de oficio o a petición de la trabajadora embarazada”, indicó Cruz.
Amplió que, si tiene conocimiento de una posible vulneración de derechos, debe solicitar información y pruebas tanto al empleador como a la trabajadora, y puede realizar visitas a la empresa para verificar las condiciones laborales.
Por otra parte, indicó que el inspector debe velar por la seguridad y salud de la trabajadora embarazada en el lugar de trabajo, asegurándose de que se le proporcionen condiciones adecuadas y que no se le someta a trabajos peligrosos o perjudiciales para su salud o la del bebé.
Si el empleador no cumple con sus obligaciones o si se comprueba que ha despedido injustamente a la trabajadora embarazada, el inspector puede aplicar sanciones administrativas, como multas, o iniciar un proceso para que se tomen medidas legales contra el empleador”, concluyó la entrevistada.
