Tegucigalpa, Honduras.-La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), a través de su presidente, el ingeniero Gustavo Boquín, manifestó su rechazo a la reciente aprobación y publicación de la nueva normativa de ordenamiento territorial y urbanismo para el Distrito Central, al considerar que fue impuesta sin consenso, sin rigor técnico y de manera acelerada.
En su posicionamiento oficial, la CHICO dejó claro que su postura no es contraria a la planificación urbana. “CHICO no se opone al ordenamiento territorial ni a una visión de ciudad de largo plazo. Por el contrario, hemos sido y seguiremos siendo promotores de una planificación urbana responsable, moderna y sostenible”, señala la carta firmada por Boquín.
No obstante, el gremio constructor rechaza “la imposición de normas débiles, mal estructuradas y desconectadas de la realidad, aprobadas sin consenso y sin el rigor técnico mínimo que una ciudad como Tegucigalpa exige”.
Boquín advirtió que la Cámara no asumirá las consecuencias negativas de la aplicación de la normativa. “Dejamos constancia expresa de que esta Cámara no asume responsabilidad alguna por los efectos negativos que se deriven de la aplicación de esta normativa”, indica el texto, en el que además se anuncia que el sector se reserva “el derecho de ejercer las acciones administrativas, institucionales y legales que correspondan en defensa del sector, de la inversión y del desarrollo ordenado de la ciudad”.
En la carta dirigida al alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, Boquín cuestiona la forma en que se condujo el proceso de aprobación.
Según la CHICO, “la normativa ha sido aprobada sin contar con el consenso de la industria de la construcción, sin el acompañamiento técnico de los gremios especializados y sin responder a las condiciones reales, físicas, sociales, económicas y operativas de nuestra ciudad”. Agrega que las propuestas técnicas del gremio “fueron ignoradas”, pese a haberse asegurado que serían consideradas.
El dirigente gremial también señala que la normativa responde más a intereses coyunturales que a criterios técnicos. “La forma en que esta normativa fue aprobada evidencia una decisión tomada a mata caballo, más orientada a cumplir objetivos políticos coyunturales que a garantizar un instrumento normativo serio, aplicable y beneficioso para la ciudad”, advierte, que asegura haber alertado oportunamente sobre la falta de claridad técnica, coherencia operativa y seguridad jurídica.
Boquín califica el nuevo marco regulatorio como “un verdadero adefesio normativo” y alerta sobre sus posibles consecuencias: “lejos de ordenar, generará más problemas que beneficios: mayor discrecionalidad administrativa, paralización de proyectos, incremento de conflictos legales, desincentivo a la inversión y afectación directa a la generación de empleo formal en el Distrito Central”. La CHICO concluye que aún es posible rectificar, reiterando que “la ciudad necesita reglas claras, viables y consensuadas, no imposiciones apresuradas”.
