El traslado de reos desde las cárceles a las distintas sedes judiciales y hospitales está en crisis.
Este es un problema sobre el cual la Secretaría de Seguridad busca soluciones a corto, mediano y largo plazo.
Del total del presupuesto anual asignado a Seguridad solo el 36 por ciento es para inversión real destinado para el equipamiento y mejoramiento de la infraestructura de las cárceles del país.
El presente año está por concluir, al mismo tiempo el presupuesto asignado a la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos (DNSEP), que es la encargada de la administración de las cárceles del país. Para el caso, la alerta se activó al no contarse ya con recursos suficientes para la dotación de combustible de las unidades blindadas y patrullas.
'Ese es un gran gasto todos los días, por el traslado de internos nosotros estamos en este momento sobregirados con combustible', expresó a EL HERALDO el comisionado Danilo Orellana, director de la DNSEP o de Centros Penales, como se conoce comunmente.
La emergencia en el sistema penitenciario implica la mayor dotación de recursos para suplir necesidades.
Sin logística
La Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara, cuenta con solamente ocho vehículos, de estos tres son para el traslado de reos de máxima peligrosidad.
El resto son patrullas que son utilizadas para trasladar a internos de menor peligrosidad y para dar seguimiento a los vehículos blindados que trasladan reos peligrosos.
A cada unidad que transporta internos lo acompaña una patrulla, lo que implica mayor gasto de combustible. 'Estamos un poco sobrepasados con la cuota de combustible, el problema es que se incrementa el número de internos porque la Policía está apretando y a mí solo me los están mandando', indicó.
Hay días en que se trasladan hasta 24 privados de libertad a sedes judiciales como el Juzgado de Letras Penal o al Tribunal de Sentencia, para participar en audiencias. Asimismo, son trasladados a hospitales para ser atendidos. El trasladar a este número de internos implica también la movilización diaria de unos 80 policías penitenciarios para su custodia.
Existen casos que conllevaron a un gran despliegue de logística y custodia, como el traslado del narco guatemalteco Mario Ponce Rodríguez a la Corte Suprema de Justicia y el traslado de cuatro policías, supuestamente, vinculados al crimen de dos universitarios.
En los días de mayor demanda los vehículos blindados hacen hasta tres viajes por día desde la PN hasta la capital, recorriendo en cada trayecto unos 27 kilómetros. Aunado a ello, se debe coordinar que en un solo vehículo no se trasladen reos de distintas maras o incluirlos a estos con otros privados de libertad.
La movilización del personal penitenciario implica un debilitamiento de la custodia de los reos que se encuentran en el recinto. Orellana expuso que el personal penitenciario con que cuentan es insuficiente, aunque suplen las necesidades básicas.
Carencias
La demanda de atención en el traslado de privados de libertad requiera mayor dotación de recursos logísticos.
Esto debido a que en los centros penales que no tienen vehículos asignados, como el caso de Santa Bárbara, se tiene que solicitar apoyo a la Policía Preventiva de la localidad.
Orellana detalló que entre las necesidad más urgentes están la logística, infraestructura y tecnología. Igualmente, se requiere mayor asignación de recursos para suplir demandas de dotación de combustible, reparación de vehículos y compra de suministros. 'Nosotros hacemos milagros en los centros penales', manifestó el comisionado.
El oficial calificó como 'un gran avance' el proyecto de la CSJ de construir sedes judiciales contiguo a los centros penales. Para el caso, destacó que Seguridad dispuso un terreno para construir una oficina a la par de la PN, especialmente para que el juez con jurisdicción nacional evacue audiencias en casos de crimen organizado y otros delitos graves. Eso reduciría costos y riesgos en el traslado de internos a la capital.
