Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Asuntos de la Mujer denunció que la violencia contra las mujeres continúa siendo una violación sistemática a los derechos humanos y pidió reformas al Código Penal, así como la aprobación de leyes que garanticen la vida, integridad y participación política de las hondureñas.
En un reciente pronunciamiento, la institución condenó de manera enérgica las muertes violentas de mujeres y feminicidios registrados en el país, crímenes que siguen enlutando a las familias y profundizando la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres.
“Reconocemos que la violencia contra las mujeres es una expresión de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, y una problemática estructural que requiere una respuesta integral”, establece el documento.
Las autoridades detallaron que, aunque en los primeros cuatro meses de 2025 se reporta una leve disminución en comparación con años anteriores, la situación sigue siendo alarmante: se registraron 110 muertes violentas de mujeres, frente a 121 en 2024 y 251 en 2023.
Del total de estos casos, el 43.4 por ciento ocurrieron en el entorno doméstico y el 57.4 por ciento en espacios públicos. Los departamentos con mayor incidencia son Cortés, Olancho, Francisco Morazán y Choluteca.
Ante este panorama, la Secretaría de la Mujer insistió en la urgencia de reformar el Código Penal para que se garantice el aumento de penas por delitos como feminicidio, tentativa de feminicidio, violencia sexual, desaparición forzada y agresiones graves.
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Asimismo, se pidió eliminar beneficios procesales y atenuantes para los agresores de mujeres, además de incorporar nuevas formas de violencia como el acoso digital, el ciberacoso y el uso no autorizado de contenido íntimo.
La Secretaría también hizo un llamado al Congreso Nacional para aprobar la Ley de Alerta Morada, que permita la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, y la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres.
El pronunciamiento subrayó la importancia de fortalecer la formación de jueces, fiscales, policías y demás operadores de justicia en temas de derechos humanos, enfoque de género, interseccionalidad y atención con calidad y calidez.
