Por la supuesta comisión de varios delitos, la Fiscalía contra la Corrupción presentó en los Juzgados de Letras Penal un
requerimiento
fiscal en contra de siete empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
La acusación, en la cual se pide se libre orden de captura, también incluye a un tramitador y dos personas más.
Los empleados públicos acusados ocupan puestos administrativos dentro de la institución
gubernamental y responden a los nombres de Francisco Antonio Matute Verde, subjefe de la unidad de vehículos de la DEI; Merlon
Roberto
Barahona
Torres, encargado de la sección de placas; y María
Alejandra
Flores
Molina, encargada de verificar los datos en el sistema DUA.
Además, Claudia
Geraldina Martínez
Sosa, encargada de verificar los datos aduaneros; Suyapa Gissela Zúñiga
Guillén,
transcriptora
de la unidad de vehículos; y Karla Waleska Alvarado Jiménez,
tramitadora
de la agencia distribuidora.
También se acusó a Carlos Roberto
Ordóñez, motorista de la agencia distribuidora; Enrique
Oswaldo Mazariegos Mejía, tramitador; así como a
Veis Pastora Correa
Urbina
y
Karen Lizeth
Duran
Ochoa.
El Ministerio Público acusó a las diez personas por los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y violación a los deberes de los
funcionarios.
Los sospechosos habrían cometido estos delitos al inscribir de manera ilegal vehículos en perjuicio de varias
empresas distribuidoras de carros.
En el expediente judicial se indica que al menos diez juegos de placas para vehículo fueron retiradas sin cumplir con los requisitos que establece el manual de transacciones en el proceso de matrículas.
Entre las
irregularidades
en que habrían incurrido los empleados de la DEI está el hecho de que los carros no estaban registrados en el sistema de Documento
Único
Aduanero (DUA).
Aun
así, los empleados sellaron los documentos de introducción y dieron la autorización para su inscripción.
En el
requerimiento
fiscal, el Ministerio Público solicita se libre orden de captura en contra de los acusados y que en audiencia de declaración de imputado se les dicte la detención judicial.