La corrupción en el sistema de justicia habría alcanzado niveles preocupantes.
La confabulación entre al menos seis jueces con algunos abogados habría ocasionado millonarios perjuicios a las arcas del Estado.
Así se asevera en varias denuncias interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de algunos jueces que conocen la materia Civil y Contencioso Administrativo.
En las mismas se afirma que varios jueces se habrían entendido con abogados que demandan al Estado para emitir resoluciones a su favor, no necesariamente apegadas a la ley.
En varias ocasiones, el mandatario Porfirio Lobo Sosa cuestionó sentencias dictadas en contra del Estado que ocasiona la erogación de millonarias sumas de dinero. Hasta solicitó los nombres de los abogados, procuradores y jueces que conocen estas demandas.
La “piñata” de algunos juicios referidas a demandas que perdió el Estado fue del conocimiento del Consejo de la Judicatura, informó a EL HERALDO una fuente oficial del Poder Judicial. Algunas denuncias las interpuso la Procuraduría General de la República.
“Hay denuncias fuertes de la Procuraduría”, expresó la fuente. “Hay denunciados seis jueces del Juzgado Civil y del Juzgado Contencioso Administrativo, que han hecho ‘piñata’ con juicios millonarios contra el Estado”, agregó. En estas instancias se interponen demandas en contra del Estado por disposiciones emitidas. Hay una danza de millones por condenas contra el Estado, lamentó. En algunos casos son juicios por centenares de millones de lempiras.
El Consejo de la Judicatura instruyó a la Inspectoría General de Tribunales realizar una investigación de las denuncias y presentar mañana un informe.
Una vez remitidos los expedientes de investigación, los consejeros las revisarán mañana para emitir resoluciones.
Una vez valorados los hallazgos que encontró la Inspectoría en la investigación de las denuncias, el Consejo de la Judicatura podría resolver mañana suspender del cargo a estos jueces. Estas medidas disciplinarias se emitirían en caso de encontrarse indicios que los juzgadores sobrepusieron el interés particular del demandante sobre lo que establece la ley.
Asimismo, de oficio el Consejo de la Judicatura remitiría los expedientes al Ministerio Público para que constate la existencia de delitos penales.
De ser así, la Fiscalía contra la Corrupción interpondría requerimientos fiscales en contra del Estado.
