El gobierno oficializó ayer varias medidas para recuperar el orden al interior de los centros penitenciarios que hay en el país.
Las acciones fueron anunciadas luego de la sangrienta revuelta ocurrida el fin de semana en la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, donde tres reclusos perdieron la vida
y otros seis resultaron heridos.
La primera medida tiene que ver con la activación de dos anillos de seguridad con fuerza militar en la cárcel de Támara y en el Centro Penal de San Pedro Sula.
Durante los próximos 90 días, los miembros de las Fuerzas Armadas serán los responsables de todo lo que ingrese y lo que salga de ambos centros penales.
Los anillos de seguridad estarán a cargo de la inspección -con la ayuda de recursos tecnológicos- de personas, objetos, alimentos, carteras, mochilas y demás elementos que pudieran facilitar el ingreso de armas y droga a las cárceles.
Y es que tras la revuelta del pasado sábado, las autoridades dieron reporte del decomiso de 12 granadas de fragmentación y armas de grueso calibre en poder de los reclusos.
Arturo Corrales, comisionado presidencial de Defensa y Seguridad, fue quien reveló la conformación de los dos anillos de seguridad en las cárceles de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
La medida fue aprobada por los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional mientras se trabaja en la formulación de un “plan integral” que garantice el orden en las 24 cárceles.
Preparación
El funcionario explicó que los anillos de seguridad serán independientes uno del otro y advirtió que el personal estará preparado para la detección de armas, drogas y sustancias tóxicas que se pretendan introducir a los centros carcelarios.
Corrales detalló que el primer anillo de seguridad estará a cargo de la fuerza militar, mientras que el segundo anillo será manejado por los custodios penitenciarios, quienes serán sometidos a pruebas de confianza y a los exámenes de rigor que se requieren para ocupar sus cargos.
Clasificación de reos
En otra medida se estableció comenzar un proceso de clasificación de los privados de libertad, entre los que ya están con condena y los que todavía están en proceso de juicio y asimismo, procediendo a separar por el tipo de delito a cada interno, para lo cual se nombrará una comisión especial.
En otra acción también se determinó revisar los permisos que se vienen otorgando a los privados de libertad, en virtud de que se han detectado problemas en las salidas invocadas por salud, es decir, internos que hacen usos exagerados, indebidos e inapropiados de salidas por motivos de salud.
Grabarán llamadas
El gobierno estableció que los anillos de seguridad se encargarán combatir el ingreso de teléfonos celulares a los centros y anunció el comienzo de un proceso estricto de regulación de las llamadas telefónicas de acuerdo a estándares internacionales.
Corrales afirmó que las llamadas telefónicas a las que tienen derecho todas las personas privadas de libertad, estarán bajo el reglamento internacional para comunicación de reos y advirtió que toda llamada que salga, será grabada.
“Con esto esperamos, de forma inmediata, hacer una contención a los problemas que se presentaron el día sábado y que en el pasado se han presentado otras situaciones que es de urgencia contenerlos”, afirmó.
El gobierno aseguró que comenzará a revisar el tema de la construcción de la cárcel que se pretendía establecer en Comayagua, a fin de agilizar el proceso y reubicar a los privados de libertad.
Ambiente
Mientras el gobierno anunciaba las medidas, en los alrededores de la cárcel de Támara se vivió ayer un ambiente de zozobra a raíz del incidente violento que dejó el saldo de tres muertos y seis heridos, cuando miembros de la Mara 18 se enfrentaron a balazos con los privados de libertad denominados “paisas”.
La peor parte de la riña se la llevaron los mareros, porque sufrieron tres bajas.
Los fallecidos fueron identificados como Saúl Ricardo Medina, Héctor Armando Rodríguez Orellana y Nelson Humberto Amador Medina, alias “Pequeño Indio”.
En la sala de urgencias del hospital Escuela fueron atendidos seis heridos, de los que cinco ya fueron dados de alta.
La tarde de ayer fue trasladado al principal centro penitenciario el pandillero Wilmer Gerardo Díaz, alias “El Zancudo”, quien recibió heridas de fusil AK47 y de 9 milímetros en los brazos.
El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad por parte de policías preventivos y penitenciarios con el fin de prevenir cualquier intento de fuga.
En centro hospitalario solo queda un herido, un privado de libertad de nombre Juan Carlos Valdez Cruz, según informó una fuente.
Mientras tanto, unos 300 militares se encuentran en las instalaciones penitenciarias de Támara en apoyo a los policías penitenciarios.
Algunos agentes que brindan seguridad, tanto en la entrada al centro penal como en los alrededores, aseguraron que después de un intento de fuga que se registró el domingo a las 4:00 de la tarde no se han presentado otros hechos irregulares, aunque el ambiente de zozobra continúa.
Revelaron que contingentes más fuertes se encuentran en los módulos de Casa Blanca y Escorpión, que albergan a los principales protagonistas de la pelea.
Tras el enfrentamiento el pasado sábado el presidente Porfirio Lobo ordenó la militarización del centro penitenciario.
La cárcel de Támara alberga a un total de 3,351 reclusos, teniendo una capacidad de 1,800 internos, lo que representa una sobrepoblación de 1,551 reclusos.
