La extradición de personas vinculadas al crimen organizado se aplica por la falta de eficacia en el sistema judicial hondureño.
Este es el criterio de Rigoberto Espinal Irías, asesor legal de la Fiscalía General.
Expuso que la figura de la extradición debe verse desde el punto de vista de las relaciones de cooperación entre los Estados. “Es un compromiso moral y jurídico”, dijo. Muchos países latinoamericanos optaron por no entregar a sus nacionales a países extranjeros, con la obligación de juzgarlos en sus territorios.
“En el caso de Honduras, aparentemente el sistema judicial de Honduras no tiene prestigio, no tiene confianza”, expresó. A esta conclusión se llega cuando se autoriza la extradición de hondureños mediante la reforma al artículo 102 de la Constitución.
Algunos países que tienen tratado de extradición con Honduras, como Estados Unidos, ya iniciaron solicitudes de extradición de hondureños ligados a la narcoactividad. “Como no se confía ni se ha confiado nunca en que Honduras tiene capacidad de juzgamiento, se ha trabajado diplomáticamente para que Honduras abriera la puerta para entregar a sus nacionales”, manifestó Espinal.
A su parecer, debe valorarse qué delitos están sujetos a la extradición, entre ellos los de lesa humanidad, que afectan a la salud y a los intereses nacionales.
Algunos creen que autorizar la extradición genera vendettas. Al respecto, dijo que más bien los reos están más inseguros en las cárceles hondureñas.
