Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó medida de presentación periódica, permitiendo que las cuatro personas señaladas por “terrorismo” en perjuicio del expresidente Manuel Zelaya Rosales se defiendan en libertad ante el juez competente.
La medida es favoreciendo a Gerardo Enrique Galeano, acusado de planificar el atentado, así como de los ciudadanos, Arcadio Corrales Estrada, de 64 años, un electromecánico residente en Tegucigalpa; Perfecto Jesús Enamorado Paz, de 69 años, comerciante residente en Comayagua; y Antonio David Kattán Rivera, de 53 años, comerciante en San Pedro Sula.
Todos son acusados de actos preparatorios punibles y asociación terrorista, en un supuesto plan delictivo de gran magnitud que incluía atentar contra la vida del expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales.
Según explicó el abogado y presentante de uno de los imputados, Darwin García, "los presupuestos para dictar prisión preventiva ya habían desaparecido y logramos acreditar que mi representado tiene derecho a trabajar, a movilizarse y a que se le garantice el principio de inocencia, sin ser prejuzgado mediante una pena anticipada con este tipo de medidas gravosas".
Indicó que el juez, al valorar todas las argumentaciones, decidió cambiar la medida de arresto domiciliario con la obligación de presentarse a firmar periódicamente ante el Juzgado de Letras de San Pedro Sula.
El presunto plan para asesinar a Manuel Zelaya
El exfiscal general de Honduras, Johel Zelaya, denunció un supuesto plan para asesinar al expresidente Manuel Zelaya, derrocado en el 2009, e impedir las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
Afirmó que se tienen pruebas "técnicas, científicas y documentales" sobre el presunto plan contra el exgobernante, e impedir las elecciones y provocar la salida anticipada de la presidenta hondureña, Xiomara Castro.
La acusación se basa en una conversación que fue sacada de un chat de WhatsApp, en la que los imputados hablaban de estar cansados del gobierno de Libre y de la posible solución para evitar que sigan en el poder.
Los detenidos son acusados por los delitos de terrorismo y tentativa de asesinato, y las pruebas del presunto plan para matar a Zelaya y desestabilizar el país saboteando el proceso de las elecciones ya fueron presentadas ante los juzgados del crimen organizado.
