Sucesos

Diez oficiales de Policía han sido asesinados

En total, en lo que va del año, han sido asesinados 79 miembros de la Policía Nacional. Hasta la fecha ninguno de los casos ha sido resuelto por las autoridades, duermen en la vil impunidad.

01.11.2012

El luto ha invadido en lo que va de 2012 a la Policía Nacional de Honduras.

De enero a la fecha se ha reportado la muerte violenta de 79 miembros de la institución policial, de los cuales diez son oficiales.

Las estadísticas establecen que entre los oficiales asesinados a manos de los criminales se encuentran: un comisario, cuatro subcomisarios, cuatro inspectores y un subinspector.

El hecho más reciente fue el asesinato de comisario Henry Amador Roque,
quien fue interceptado por un grupo de delincuentes que le quitaron la vida de un certero disparo por la espalda. El oficial se desempeñaba como jefe del distrito 1-5 ubicado en el barrio Belén de Comayagüela.

Antes de este hecho sangriento, supuestos miembros de una mara que opera en la colonia San Isidro de Comayagüela asesinaron al subcomisario Jairo Owen Cerrato Escobar, de 38 años. El cadáver fue encontrado en la carretera a Danlí, a inmediaciones del municipio de Tatumbla, Francisco Morazán.

Los delincuentes también alcanzaron al subinspector Julio César Casaleno, que se desempeñaba como vocero de la Dirección Nacional de Tránsito. El hecho ocurrió el 28 de agosto en la colonia Cerro Grande.

El uniformado también era periodista y abogado.

Dos meses antes, pero en la zona norte del país, fueron acribillados dos oficiales más.

Cuatro hombres que se enfrascaron en una acalorada discusión ultimaron a los inspectores Carlos Augusto Garrido Chirinos, de 33 años, y a Samir Alexander Salinas, de 32, en la ciudad de Trujillo, Colón.

Otro de los oficiales que fue asesinado es el inspector Marco Tulio Gómez Cardona, de 31 años, originario de esta capital.

Estos son solo algunos de los oficiales que han muerto en un año que ha sido de sumo conflicto para la institución policial al enfrentarse a un proceso de depuración que ha obligado, incluso, a varios de los oficiales separados o puestos en “disposición” a interponer ante la Corte Suprema de Justicia recursos de inconstitucionalidad.

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