Cortés, Honduras.- Un abogado y dos agentes policiales se convirtieron en los principales sospechosos del atroz crimen del empresario Franklin Villeda, cuyo cuerpo fue hallado calcinado el jueves en la aldea Las Vegas de Pimienta, Cortés, por lo que un juez ordenó su arresto.
El abogado fue identificado como Rolando Josué Sánchez Salinas, quien está prófugo de la justicia y presuntamente es el principal cabecilla de una banda dedicada a estafar y extorsionar a empresarios y personajes sujetos de investigación por el Ministerio Público con bienes en poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Las investigaciones revelan que Sánchez, con información proporcionada por fiscales y jueces, contactaba a los investigados o sus familiares haciéndose pasar como asesor de la OABI y de la Fiscalía para ofrecerles recuperar sus bienes y a cambio les cobraba millonarias sumas de dinero.
Esas circunstancias son las que se dieron en el crimen de Villeda, que viajó desde Tocoa, Colón, para hacer la transacción de unos bienes. No obstante, hubo un desacuerdo entre él y el abogado porque supuestamente el comerciante se sintió estafado porque presuntamente le había pagado una millonaria cantidad de dinero por la compra de una propiedad bajo la custodia de la OABI.
Sánchez citaba a sus clientes en hoteles de lujo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, adonde se reunía con ellos en las suites presidenciales y andaba con escoltas policiales, lo que daba la impresión ante los clientes que estaban tratando con un personero de la OABI y de la Fiscalía.
Cuando estaba negociando con los clientes se ponía en contacto con fiscales y jueces y los ponía en alta voz y les decía “aquí estoy ya con los señores que me ofreces, y los interlocutores le daban los detalles como el número de expediente, la matrícula de los bienes que van a asegurar y lo que podían hacer para evitar eso, para que escucharan que efectivamente tenía los contactos como asesor”, manifestaron las autoridades policiales.
Con eso les demostraba que él les tenía la solución para que no les aseguraran o incautaran los inmuebles porque él conocía al fiscal y al juez de jurisdicción nacional que lleva el caso y les asignaba profesionales del derecho para que les llevara el caso.
También ofrecía conseguir propiedades que tiene a la venta o que los da en arrendamiento la OABI y llevaba a los clientes a las residencias, las abría y se las mostraba y siempre andaba custodiado por policías. Incluso el abogado Sánchez andaba copias de los expedientes pese a que solo los pueden ver las partes procesales en los juzgados competentes. La Policía reprochó que la efectividad de la operación se vio comprometida por la filtración prematura de información en redes sociales, lo que alertó a los sospechosos y dificultó su captura
