La audiencia inicial contra el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, y el exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rafael Barahona, por la malversación de casi 500 mil dólares en el caso de la 'Cuarta urna' fue suspendida este martes en el Juzgado de Letras de lo Penal de la capital de Honduras.
La audiencia fue suspendida por el juez luego de que los acusados presentaran dos recursos de excepción en los cuales argumentan falta de objetividad por parte del Ministerio Público al presentar un requerimiento fiscal basado en un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que no ha sido finalizado.
El primero en llegar a los Juzgados fue Barahona, quien manifestó que la acusación en su contra es 'un juicio político' incoado por el actual gobierno contra exfuncionarios de la oposición.
'Estamos seguros de que esto es una persecución política. No es posible que algo que hace más de cinco años nosotros documentados, acreditamos y fuimos llamados en su momento por el Ministerio Público en momentos más difíciles de persecución que estábamos nosotros, que estaban controlando el gobierno, que nos dieron el Golpe de Estado. Pero hoy estamos aquí listos para rendir cuentas, no tenemos nada que esconder', dijo el también regidor municipal.
Insistió en que nunca fue titular de ninguna cuenta estatal, aunque ocupó un cargo administrativo en la Cancillería. No obstante, reconoció que sí realizó diligencias relacionadas con la 'Cuarta urna'.
'Lo importante es que los recursos no se malversaron ni se desviaron ni nada por el estilo, este es un juicio eminentemente político. Se utilizaron esos recursos para actividades de la 'Cuarta urna' y no era un delito, era una actividad legítima aprobada en Consejo de Ministros por el entonces presidente en aquel momento, José Manuel Zelaya', añadió.
Posteriormente hizo su arribo Flores Lanza, acompañado por su hijo y su esposa, quien solicitó ingresar a la audiencia, lo cual fue denegado por el juez que conoce el caso, ya que solo se permite la presencia de los imputados y sus abogados defensores.
Lanza dijo por su parte que los fondos sustraídos de las cuentas estatales fueron utilizados para pagar publicidad en medios de comunicación y en la distribución de urnas en los 298 municipios de Honduras.
Sostuvo además que no pide amnistía ni beneficios, pero sí que se le permita defenderse en libertad y aportar pruebas de su inocencia.
De acuerdo al requerimiento presentado por la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción, los exfuncionarios de la administración Zelaya malversaron cerca de 500 mil dólares de los fondos de cooperación del gobierno de China Taiwán para el proyecto político denominado 'Cuarta urna'.
Contra Flores Lanza pesa la acusación por 11 delitos de malversación de caudales públicos, mientras que Barahona deberá responder por nueve cargos similares.
La investigación habría sido iniciada tras la presentación de un informe del TSC al Ministerio Público, mediante el cual se concluyen indicios de responsabilidad penal para ambas personas.