El Juzgado de Letras de lo Penal dictó este jueves auto de formal procesamiento a los cuatro miembros de la Policía Militar involucrados en el secuestro de un comerciante.
El juez con Jurisdicción Nacional que conoció la causa resolvió dictar el auto de formal procesamiento por los delitos de robo agravado, secuestro y usurpación de funciones.
El profesional del derecho también dictó un sobreseimiento provisional por los delitos de tentativa de asesinato y asociación ilícita.
Sin embargo, se dictó un sobreseimiento definitivo por el delito de uso indebido de equipo policial, extorsión, portación ilegal de armas y portación ilegal de armas comerciales.
Ambos sobreseimientos fueron solicitados por el Ministerio Público (MP), que antes de la audiencia inicial amplió el requerimiento e ingresó el delito de secuestro.
Los cuatro elementos de la Policía Militar fueron remitidos al Primer Batallón de Infantería, donde guardarán prisión.
Según el proceso judicial, deberán ser presentados a una audiencia preliminar dentro de 60 días.
Pero si aceptaran los cargos que se le imputan serían llevados a un proceso abreviado para disminuir la pena y evitar que su caso pase a Juicio Oral en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Apelación
Al concluir la audiencia el abogado defensor, Wilfredo Urtecho Jeamborde, anunció que este próximo martes interpondrán un recurso de apelación.
“Será en contra del auto de formal procesamiento y los delitos de secuestro y robo”, informó el togado.
Esto permitirá a la defensa obtener mayor tiempo para recabar más pruebas para revertir el dictamen del juez.
En caso de que se admita el recurso, “será la Corte Penal quien va a resolver si al final nos vamos a audiencia preliminar en 120 días y después a juicio”.
Los policías militares fueron capturados in fraganti el pasado 11 de febrero, cuando llevaban privado de su libertad al comerciante Luis Portillo Betancourth, quien fue sacado a la fuerza de su negocio en el mercado zonal Belén.
Los agentes dijeron al comerciante que tenían la orden de matarlo, pero que si les pagaba 120 mil lempiras no le harían daño.
Piden protección
El miércoles, el comerciante y su esposa llegaron al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para pedir protección, ya que temen por su vida.
También exigieron el vaciado de los teléfonos celulares que usaron los militares el día de su supuesto secuestro para determinar quién les pagó para acabar con su vida.
La esposa del comerciante dijo que teme por la vida de su pareja y la de su familia.
Además, lamentó que a raíz del incidente con los policías militares, el padre de su esposo murió el fin de semana (aparentemente de un infarto) en la zona sur de Honduras.
La mujer pidió 'que se haga justicia, que no vaya a quedar impune esto'.
Dijo que 'queremos y exigimos saber que de dónde viene esto porque ellos llamaron por teléfono a una tercera persona (...) Nosotros queremos llegar y vamos a llegar hasta las últimas instancias por saber quién es esa tercera persona que está implicada en esto'.
Reconoció que 'ni siquiera dormimos tranquilos (...) lo que esperamos es que se nos dé la seguridad que estamos pidiendo'.
Antes del Conadeh, el comerciante estuvo en una audiencia preliminar que le hicieron anticipadamente en los juzgados.
La pareja llegó al Conadeh con resguardo de agentes motorizados de la Policía Nacional.
