Tegucigalpa, Honduras.- El director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, coronel Juan Carlos Osorto Castillo, fue apartado temporalmente de sus funciones mientras las Fuerzas Armadas desarrollan una investigación administrativa relacionada con irregularidades en el manejo de recursos económicos que fueron develadas horas antes por La Prensa Premium.
La decisión fue adoptada como una medida preventiva para facilitar las indagaciones que realice la Inspectoría General, luego de que la investigación revelara un faltante de ocho millones de lempiras en economatos, vinculado al sistema de tarjetas implementado para sustituir el uso de efectivo en los economatos o comisariatos del centro penal.
El portavoz de las Fuerzas Armadas, Héctor Fajardo, confirmó que el oficial se encuentra en condición de disponibilidad mientras se recopila la información necesaria para determinar si existen fundamentos en las denuncias que han circulado públicamente.
Según explicó el vocero, la separación del cargo no representa una declaración de culpabilidad, sino una acción orientada a garantizar que el proceso investigativo se desarrolle sin interferencias y bajo el respeto al debido proceso.
Fajardo detalló que la Inspectoría General será la encargada de verificar si hubo alguna irregularidad administrativa durante la gestión del coronel al frente del centro penitenciario. En caso de comprobarse responsabilidades, se procederá conforme a la normativa institucional vigente.
Asimismo, indicó que si durante las pesquisas se identifican posibles hechos constitutivos de delito, la documentación será remitida al Ministerio Público para que continúe con las legales correspondientes.
Las Fuerzas Armadas señalan que, hasta el momento, la investigación está enfocada exclusivamente en la administración del funcionario separado y no involucra a otros miembros de la institución.
¿Cómo se llevó a cabo el desfalco?
Según la investigación, las tarjetas de compra -con denominaciones de 20, 100, 200 y 500 lempiras, firmadas y selladas por la administración penitenciaria- eran adquiridas por familiares de los reclusos para que estos pudieran comprar alimentos, artículos de higiene y otros productos autorizados. Sin embargo, fuentes vinculadas al caso señalaron que comenzaron a detectarse inconsistencias cuando circulaban grandes cantidades de tarjetas sin respaldo económico real en las cuentas del economato.
La Prensa Premium conoció que Osorto habría ordenado la impresión de tarjetas adicionales a las autorizadas oficialmente y las vendía a familiares de los internos, quedándose presuntamente con el dinero recaudado. Además, algunas fuentes sostienen que en ciertos casos los familiares compraban tarjetas por un valor determinado, pero los privados de libertad recibían tarjetas con montos menores, mientras una parte del dinero era retenida como una supuesta “comisión”.
La investigación también expone que el fraude salió a la luz cuando las autoridades intentaron convertir en efectivo los fondos que debían respaldar las tarjetas utilizadas en los economatos para reabastecer mercadería. En ese momento se detectó que el dinero no estaba disponible. Fuentes consultadas aseguraron que Osorto habría reconocido el faltante, solicitado tiempo para reintegrar los recursos y prometido devolverlos en un plazo de dos meses.
El reportaje señala además que el caso ha sido manejado con hermetismo por las autoridades. Aunque Osorto fue suspendido de su cargo y reemplazado por otro oficial, ni el Instituto Nacional Penitenciario ni las Fuerzas Armadas han explicado públicamente los motivos de la decisión. Asimismo, el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público indicaron que no han iniciado investigaciones porque aún no han recibido informes oficiales. Como consecuencia del escándalo, el sistema de tarjetas fue suspendido en abril de 2026 y se restableció el uso de efectivo dentro del penal de Támara, que alberga a más de 5,600 privados de libertad.
