tegucigalpa
El Congreso Nacional tiene dos semanas para aprobar la Ley de Fiscalización y Control del Financiamiento de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales.
Según entendidos, esta ley deberá aprobarse antes de la convocatoria a elecciones primarias, a efecto de que la misma se aplique en este proceso y también en las elecciones generales. La propuesta de dictamen se encuentra actualmente en un proceso de revisión por parte de la alta dirigencia de los partidos políticos.
Controversia
Respecto a si esta ley sería aplicada en el actual proceso electoral, se ha generado una controversia: por un lado el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Erick Rodríguez, sostiene que no habrá tiempo para reglamentarla porque ya tenemos encima las elecciones primarias y que será aplicable hasta los comicios generales.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Dictamen, José Alfredo Saavedra, dice que hay tiempo suficiente porque la campaña electoral de los partidos inicia en enero y concluye en marzo de 2017.
Apoyo de la Maccih
La construcción del dictamen ha sido posible por las recomendaciones que ha hecho el representante de la división electoral de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Gran parte de estas recomendaciones de la Maccih han sido consensuadas con los representantes de los partidos políticos en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional.
Hay dos puntos en los que no hay acuerdo aún: la fijación de techos de financiamiento y de quién dependerá y quién nombrará al director de la Unidad de Transparencia, Fiscalización y Control del Financiamiento de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales.
Los puntos principales
Los siguientes son los principales puntos de la propuesta de la Maccih para ser incorporados a la ley de transparencia: fiscalización y control del financiamiento de los partidos políticos.
Regular con precisión las obligaciones contables de los partidos políticos.
La suspensión de la publicidad estatal durante el proceso electoral.
La Unidad de Transparencia y Control del Financiamiento tendrá acceso a las cuentas bancarias de los partidos.
La equidad en la pauta publicitaria y la solidaridad de los medios de comunicación para el resguardo de información.
La prohibición de contribuciones de empresas que tienen contratos con el Estado.
Regular los procedimientos administrativos sancionatorios a cargo de la unidad.
La posibilidad de anular la elección de un candidato cuando se compruebe que financió su campaña con dinero ilícito.
Sanciones
Se fija un catálogo de sanciones para los partidos y candidatos que infrinjan las normas que van desde multas acumulativas hasta la cancelación de la inscripción del partido político.
Se fijan, por primera vez en la historia política, límites a las aportaciones privadas a los partidos
