El Congreso Nacional conoció este miércoles, en medio de la polémica, el proyecto de decreto que identifica los sitios geográficos que serán ofertados para la creación de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), más conocidas como ciudades modelo.
El documento fue presentado por el diputado nacionalista Óscar Nájera, arguyendo que es necesario establecer las zonas del país que están aptas para dichos modelos de desarrollo.
El presidente del Congreso, Juan Hernández, aclaró que se trata de una preaprobación de los sitios que reúnen las características para establecer las RED, según los estudios de impacto ambiental, económico y social.
Hernández nombró una comisión de diputados de todas las bancadas para que preparen el dictamen y pidió que el mismo debería de acompañarse de un estudio jurídico en el caso de que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional las ciudades modelo.
El proyecto de ley declara como zonas aptas para crear una RED el valle de Sico y Paulaya y Punta Castilla,
cuya primera área comprende los municipios de Iriona, Colón; Brus Laguna y Juan Francisco Bulnes, en Gracias a Dios, y la Biósfera del Río Plátano.
La segunda área está ubicada entre los municipios de Trujillo, Santa Rosa de Aguán y Bonito Oriental,
en el departamento de Colón. La zona del litoral atlántico de Puerto Castilla, que incluye Trujillo.
La otra posible RED fue identificada en la zona del valle de Cuyamel,
área geográfica comprendida entre San Pedro Sula, Choloma y Omoa, en Cortés; la zona fronteriza con Guatemala, en el sector conocido la barra del río Motagua.
La otra región identificada es el Golfo de Fonseca, en un área geográfica comprendida entre Choluteca, Marcovia, Pespire, San Antonio de Flores y San Isidro en Choluteca. Así también los municipios de Nacaome, Alianza, Amapala, Goascorán, Langue, San Francisco de Coray y San Lorenzo, en Valle.
El proyecto fija los límites, de acuerdo con las hojas cartográficas del Instituto de la Propiedad y su Dirección de Catastro y Geografía.
Aclara que dentro de estas zonas aptas únicamente se considerará que forman parte de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) los bienes inmuebles que a cualquier título sean traspasados al gobierno de las RED o se incorporen a este régimen especial de conformidad con su estatuto constitucional.
Las tierras tituladas a favor de pueblos indígenas y afrohondureños no podrán ser expropiadas ni esas poblaciones desplazadas con el propósito de incorporarlas al régimen de las RED. No obstante lo anterior, estas poblaciones podrán incorporarse voluntariamente a este régimen.
El espíritu de la legislación es que las empresas ya establecidas en los sitios geográficos identificados no estarán comprendidas en la RED, a menos que voluntariamente los interesados decidan incorporarse. En cuanto a la población, esta lo decidirá mediante plebiscitos, según el proyecto de decreto.
La iniciativa de ley contiene la información que requiere el inversionista sobre temas relacionados con el marco jurídico, los estudios preliminares de los impactos y las potencialidades de las zonas aptas para el desarrollo, explicó ante el pleno el asesor legislativo Ebal Díaz.
Ante una interrogante de los diputados, Díaz aclaró que el promotor de las “charter cities”, Paul Romer, nunca fue nombrado como miembro de la comisión de transparencia, porque aún no han sido creada una región de desarrollo en Honduras.
Esto lo explicó a raíz de la desvinculación del consultor estadounidense del proyecto de ciudades modelo.
Amplia oposición
En el debate, el diputado del partido Innovación y Unidad, Toribio Aguilera, adelantó que la bancada de ese instituto político no seguirá apoyando el proyecto de las ciudades modelo a raíz de que este proceso no ha seguido un curso claro y contundente.
En tanto, el diputado de la Democracia Cristiana, Augusto Cruz Asensio, ratificó su posición en contra del proyecto de ciudades modelo y demandó que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie de una vez por todas sobre la inconstitucionalidad de este modelo de desarrollo.
Trascendió además que el 90 por ciento de los diputados liberales tampoco apoyarán el proyecto de ley presentado por Nájera, según dijo la congresista Waldina Paz en declaraciones a los medios de comunicación.
