TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jefe de la Unidad de Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA),
Odir Fernández, pidió al nuevo Congreso Nacional que se instale este 2022 una depuración de los entes 'persecutores del delito e impartidores de justicia'.
El investigador, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que se necesita un Ministerio Público (MP) y una Corte Suprema de Justicia (CSJ) comprometida con la ley.
Lo anterior, según el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) 'impiden que el Ministerio Público pueda perseguir a los implicados en la comisión de actos ilícitos, pero la reforma más clara y el obstáculo más grande en la lucha contra la corrupción fue la aprobación del nuevo Código Penal en 2017'.
El investigador, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que se necesita un Ministerio Público (MP) y una Corte Suprema de Justicia (CSJ) comprometida con la ley.
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'Iniciamos el 2022, un año lleno de cambios y esperanza; seguimos comprometidos con la lucha anticorrupción, ahora vamos por la depuración de los entes persecutores del delito e impartidores de justicia. Diputados no nos fallen, necesitamos un MP y una CSJ comprometidos con la ley', escribió el también catedrático universitario.
La solicitud de Fernández se hace debido a que el próximo Congreso Nacional elegirá al próximo fiscal general de Honduras y los magistrados del Poder Judicial.
El Consejo Nacional Anticorrupción liderado por Gabriela Castellanos y Odir Fernández, se volvió un 'Talón de Aquiles' para varios funcionarios del gobierno saliente, entre ellos diputados del Poder Legislativo que se blindaron quitándole funciones al Ministerio Público (MP) y dándoselas a la Procuraduría General de la República.
Leyes protectoras
Este Congreso Nacional aprobó el decreto 141-2017, que ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizar una auditoría e investigación especial de los fondos públicos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y organizaciones públicas y privadas, para deducir responsabilidad penal, civil o administrativa.Lo anterior, según el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) 'impiden que el Ministerio Público pueda perseguir a los implicados en la comisión de actos ilícitos, pero la reforma más clara y el obstáculo más grande en la lucha contra la corrupción fue la aprobación del nuevo Código Penal en 2017'.
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