Honduras

Con la existencia de la UCP se evade la Ley de Contratación del Estado

La UCP fue creada mediante un decreto legislativo y por medio de un fideicomiso que recibe dinero público

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10.09.2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tomando como justificación la burocracia e incapacidad del mismo gobierno y el tortuguismo para ejecutar proyectos y manejar los fondos, surgió la Unidad Coordinadora de Proyectos ( UCP).

Con la génesis de esta unidad afloran unas preguntas: ¿qué es la UCP?, ¿es otra dependencia del Estado?, ¿por qué ejecuta funciones que podrían hacer otras secretarías del gobierno?

Amparada en estas cuestionantes, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus solicitó al Instituto de la Propiedad ( IP), mediante la Oficina de Transparencia, una explicación.

Lo primero que se puede deducir es que la UCP fue creada con el fin de evitar la Ley de Contratación del Estado y que los fondos públicos fluyan con mayor agilidad.

Así lo dieron a entender las autoridades de la misma unidad entrevistados por EL HERALDO Plus.

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Fusiones y fideicomisos

La UCP se creó mediante decreto legislativo n.º 11-2020, publicado en el diario oficial La Gaceta el 7 de marzo de 2020.

Todo surge con la fusión del fideicomiso Operación, Funcionamiento, Financiamiento y Administración del Registro de la Propiedad Vehicular a Nivel Nacional e Implementación de los Centros de Inspección Vehicular, Suministro de Placas, Otorgamiento de Licencias de Conducir, Modernización del Sistema de Sanciones de Infracciones de Tránsito y la Tecnificación de la Recaudación de Multas con el fideicomiso para el proyecto denominado Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras.

Tras la fusión, pasaron a denominarse proyecto Sistema Tecnológico y Logístico para la Administración de los Derechos de Propiedad en la República de Honduras ( Sitec).

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El artículo cuarto de este mismo decreto establece que el órgano de asistencia técnica, de ejecución de programas, plataformas y proyectos de los fideicomisos, tanto del fusionante como del fusionado, así como del Sitec, es la UCP.

La UCP, establece el documento, debe recibir los recursos que se requieran de parte del o de los fideicomisos o de otros programas, plataformas, proyectos e iniciativas que se le adscriban distintos a los referidos fideicomisos.

El documento establece que la UCP mantiene una independencia legal, técnica, administrativa, financiera y ejecutiva de los mismos recursos ejecutando sus actividades conforme a sus propios manuales; y rinde cuentas y liquida sus fondos a cada entidad que le asigne recursos.

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Son varios proyectos con millones de fondos públicos que ejecuta la UCP. Foto: El Heraldo

Son varios proyectos con millones de fondos públicos que ejecuta la UCP. Foto: El Heraldo

Unidad privada

Al tener sus propios manuales de operación, explicaron las autoridades de la UCP, no se rigen por la Ley de Contratación del Estado.

Esto porque la UCP depende del fideicomiso Sitec y no del IP, por tanto, es un organismo de derecho privado, el cual mantiene una independencia legal, técnica, financiera, administrativa y ejecutiva del Fideicomiso, ejecutando sus actividades conforme a sus manuales; y rinde cuentas y liquida sus fondos a cada entidad que le asigne recursos.

A pesar de sostener que es una entidad privada, la UCP nació con fondos públicos ya que ambos fideicomisos que administra recaudan dinero del Estado.

Una vez creada la UCP se emitió el decreto ejecutivo número 142-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020, esto para la creación del Programa de Vivienda social subsidiada y no subsidiada.

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Este sería un programa temporal bajo la codirección de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda).

Mediante esta figura es que la UCP asume los proyectos de viviendas para los damnificados por los huracanes Eta y Iota.

EL HERALDO reveló en exclusiva que esta unidad ejecuta un proyecto de casas contenedores en Lomas del Diamante, al sur de la capital.

Originalmente era para afectados por los huracanes (vivienda temporal y de emergencia), pero debido a impases decidieron que serían permanentes para reubicar a pobladores de esa zona.

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Con L 1,200 millones la UCP contrató a desarrolladores de viviendas privados. Foto: El Heraldo

Con L 1,200 millones la UCP contrató a desarrolladores de viviendas privados. Foto: El Heraldo

Reforma

Un mes y medio después, el mismo ejecutivo decidió modificar el decreto anterior con la emisión del decreto ejecutivo 019-2021 de fecha 12 de febrero de 2021.

La reforma estableció que ya no serían Convivienda y Sefin las que liderarían el programa de vivienda social, sino que pasó a la Secretaría de la Presidencia mediante la Unidad Especial Ejecutora de Proyecto ( UEEP) que realiza la dirección técnica de estos programas.

¿Por qué la Secretaría de la Presidencia y no Insep o Convivienda?, consultó EL HERALDO, pero no supieron responder.

La UCP, según el documento, ejecutará las actividades de conceptualización, diseño, regulación y normativa; definición de parámetros técnicos de vivienda y certificación de los proyectos.

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Asimismo, la tipología de construcción y socioeconómicos de los beneficiarios; equipamiento básico de las viviendas; estructuración, convocatoria, asignación e inversión de recursos para los proyectos.

De igual forma, se hará cargo del financiamiento para los desarrolladores y para los beneficiarios de los proyectos; y, las adquisiciones y contrataciones que sean necesarias conforme a su normativa.

En el mismo decreto se creó la Comisión Estratégica de Priorización, como comisión de alto nivel para la priorización de iniciativas de inversión para el Programa (de vivienda) y otras actividades que requiera consultar la UCP, con base en la evaluación de daños y pérdidas ocasionadas por los huracanes Eta y Iota. Luego, mediante decreto ejecutivo número 036-2021 del 7 de abril de 2021, se autoriza al IP y a la Sefin para que transfieran recursos públicos a la UCP.

El artículo tercero de este decreto ordena que el IP, según el modelo económico financiero del año 2021, asigne hasta 1,879,386,654.10 lempiras para el financiamiento de proyectos a cargo del Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2).

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Además se autoriza al IP para que transfiera a la UCP 1,250 millones de lempiras si la Sefin en un plazo de un mes de aprobado este decreto no ha transferido lo estipulado en el decreto 142-2021.

Según las autoridades de la UCP, la UEEP contrató a la UCP porque no tenía la capacidad ni la agilidad para hacer las contrataciones y cumplir con todos los requerimientos de forma eficiente.

En una presentación hecha a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, las autoridades de la UCP indicaron que como ellos no son una institución pública, no aplican la Ley de Contratación del Estado. El compromiso es que deben rendir cuentas pero en sus inicios se manejó de forma opaca la información.

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