TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las manzanas podridas al interior de la Policía Nacional se niegan a desaparecer, pese a las rigurosas pruebas de idoneidad a los que son sometidos sus miembros periódicamente.
Los cuerpos de investigación de Estado han detectado una mafia policial, conformada por tres comisionados activos que ostentan el cargo de jefes regionales de la Policía Nacional, quienes han drenado millonarias cantidades de dinero de la Secretaría de Seguridad a sus bolsillos.
Una investigación en poder de la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial (UF-Adpol) revela que estos tres altos oficiales de la alta cúpula policial y personal administrativo se han confabulado para saquear recursos que serían destinados para la compra de combustible para las patrullas, pero ellos solicitaban combustible para vehículos chatarra, que ya están fuera de funcionamiento.
Los fiscales identificaron que estos recursos no retornaron a las arcas de la Secretaría de Seguridad y más bien se les dio otro rumbo que nada tiene que ver con las actividades de seguridad pública.
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El perjuicio económico asciende a los 20 millones de lempiras en los tres casos en los últimos dos años, señala el expediente investigativo al que tuvo acceso EL HERALDO.
Lo vergonzoso de este caso es que están drenando fondos para enriquecerse que bien podrían ser invertidos en la seguridad ciudadana.
“Están sacando grandes cantidades de dinero para pago de combustible de vehículos malos, hay carros que ni motor tienen... hay otros que no tienen ni tanque, destartalados”, denunció una fuente ligada a las investigaciones. Los agentes involucrados en el saqueo de estos fondos están asignados actualmente en jefaturas departamentales.
La investigación señala que los oficiales usaron como fachada la compra de combustible para apropiarse de los recursos públicos.
Bloqueo de información
La interposición del requerimiento fiscal contra estos tres comisionados la detiene una información que desde hace más de un año fue solicitada a la Secretaría de Seguridad, pero que aún no ha sido remitida a los fiscales asignados al caso.
“El ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco no quiere brindar información, se ampara en la Tasa de Seguridad”, señaló la fuente.
Los fiscales del Ministerio Público han solicitado información sobre cuál es el procedimiento que conlleva la distribución de combustible a las diferentes jefaturas regionales y departamentales.
Sin embargo, los oficios de los fiscales nunca son respondidos por la Secretaría de Seguridad.
“Solo en un caso hay cinco millones de lempiras en combustible que se los están robando ahí, involucrado el jefe regional, que es un comisionado de Policía y la administradora”, expresó.
Mientras que en los otros casos el perjuicio asciende a 15 millones de lempiras y los oficiales continúan cometiendo sus fechorías.
“Ellos dicen que manejan en las postas policiales cerca de 20 patrullas, pero al hacer la investigación resulta que solamente tienen siete y los otros carros están malos”, aseveró.
Los tres altos oficiales de la institución armada serán acusados por abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
La UF-Adpol ha judicializado expedientes de cinco altos oficiales y exoficiales de la Policía, acusados por el delito de lavado de activos.
Ratificación
Este caso forma parte de un legajo de expedientes que fueron remitidos por la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional al Ministerio Público.
Según la depuradora, los tres oficiales implicados en este acto de corrupción cumplen con todos lo requisitos y han aprobado satisfactoriamente todas las pruebas de confianza de la Policía.
Los tres figuran en la lista de 69 comisionados de la institución armada que los depuradores ratificaron en su cargo el 17 de mayo de 2016, según consta el comunicado número ocho emitido por la Comisión.
