Para realizar la aprehensión, los uniformados primero tuvieron que derribar varias puertas del edificio, hasta que finalmente lograron dar con el comunicador.
Mientras este operativo ocurría, el periodista transmitía en directo por su programa radial, avisando a sus oyentes que estaba por efectuarse la captura. Al llegar a cabina, las autoridades dieron lectura a la orden e instaron a Romero a que no opusiera resistencia.
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Además, la Policía Nacional desplegó un fuerte contingente para la operación. Seguidores del reconocido presentador se hicieron presentes a Radio Globo, ubicado en el bulevar Morazán.
El comunicador fue trasladado al Segundo Batallón de Infantería Táctico Aerotransportado de Támara, al norte de la capital.
Sobre Romero pesaba una orden de captura al ser condenado a 10 años de cárcel por los delitos de injuria y difamación contra la exfiscal Sonia Inés Gálvez y agotarse todas las instancias judiciales. En ese sentido, las autoridades intentaron cumplir con la captura a inicio de la presente semana.
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No obstante, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución en la que solicitaba suspender la ejecución de la sentencia.
Ante ello, el Juzgado de Ejecución declaró sin lugar la resolución de la CIDH y procedió este jueves a aprehender al periodista.
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El vocero explicó que la medida obedeció a que un juez de ejecución declaró sin lugar este día la recomendación de la CIDH para suspender la ejecución de la condena, basado en que 'la Comisión no goza de jerarquía jurisdiccional', como sí la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Tanto el juicio como el arresto de Romero ha provocado opiniones a favor y en contra en la sociedad hondureña. Por una parte, están quienes advierten que está en peligro la libertad de expresión al llevar a un periodista a la cárcel, mientras que otros grupos consideran que la condena no está ligada al ejercicio periodístico por ser un caso de carácter privado.
Ebal Díaz, secretario de la Presidencia, acusó a Romero de 'extorsionar' y 'atacar' al gobierno para librarse de su pena. El Estado de Honduras ha cumplido con el deber de cuidar los derechos de las víctima, consideró.
Por su parte, Lidieth Díaz, esposa del presentador y también periodista, le respondió al funcionario y fustigó que él 'no tiene autoridad moral' para opinar sobre el caso.
La Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se sumó a las voces en contra del arresto: 'Condenamos la captura con excesiva violencia (...), incompatible con el Estado de Derecho y propio de las dictaduras'.
El martes pasado, la exfiscal Gálvez, quien interpuso la querella contra el comunicador y ganó en el juicio, declaró que Romero 'aprovechó sus espacios para atacarme visceralmente'.
