El exvicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, fue declarado culpable este viernes en la Sala III del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el delito de tráfico de influencias.
Tras ser condenado, el imputado deberá pagar una multa de 200 a 300 mil lempiras y una inhabilitación de cinco a ocho años. Mientras que la individualización de la pena se conocerá el próximo 21 agosto a las 9:00 de la mañana.
En ese sentido, el Ministerio Público pedirá una pena máxima para Bonilla que corresponde hasta los nueve años de prisión.
Respecto a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía para Teodoro Bonilla, el Tribunal decidió por mayoría (2-1) cambiar el arresto domiciliario por cárcel.
Sin embargo, serán las autoridades del Instituto Penitenciario (IP) quienes deberán considerar el lugar donde Bonilla estará privado de libertad en vista de resguardar su seguridad, según la disposición de la sentencia.
Cabe mencionar que el exfuncionario judicial fue procesado por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias en el caso conocido como 'Shalom'. El exconsejal habría influenciado sobre jueces para lograr dejar en libertad a varios de sus parientes.
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Adicionalmente, durante el proceso se descubrió un 'familión' contratado en los Juzgados del sur de Honduras, todos emparentados con el exvicepresidente del extinto Consejo de la Judicatura.
Bonilla permanecía bajo arresto domiciliario desde el pasado 04 de febrero del año pasado, cuando fue suspendido de su cargo tras iniciarse el proceso judicial en su contra.
El caso del exconsejal tuvo un punto más crítico cuando salió a la luz pública una conversación telefónica entre Bonilla y Víctor Lozano, en ese entonces presidente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La escandalosa plática reveló como los exfuncionarios irrespetaban al presidente del Poder Judicial, una jueza y dos magistrados.
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En octubre pasado Teodoro Bonilla rechazó las acusaciones, aseguró que no estaba protegido políticamente y que sus pariente ya tenían más de 10 años de carrera, por lo que lo dicho en el caso eran falsedades.
Por su parte, Juan Jiménez Mayor, vocero de Maccih manifestó que: 'No podemos estar torciendo la justicia... es una clara señal de que el combate a la corrupción está dando resultados en Honduras'.
Antecedentes
El exconcejal presionó a dos juezas para favorecer a dos parientes suyos: Dennys Donady Bonilla García, quien era acusado por almacenamiento ilegal de armas y municiones comerciales y almacenamiento de armas prohibidas, y Carlos Roberto Bonilla, acusado por lavado de activos y almacenamiento de armas prohibidas y municiones en el caso conocido como Shalom.
Este caso relaciona directamente a la exjueza Liz María Núñez Cardona, quien resolvió sobreseer provisionalmente a Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos, decretándole auto de apertura a juicio oral únicamente por el delito de posesión ilegal de armas de uso prohibido.
El Ministerio Público relaciona al tráfico de influencias a la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, Delmy Elizabeth López, quien en audiencia inicial en fecha 24 de enero de 2014 decretó a los encausados un auto de formal procesamiento por el delito de almacenamiento de arma comercial y prohibida, municiones y lavado de activos; imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva.
El 20 de febrero el apoderado legal de Dennys Donady Bonilla García apeló el auto de formal procesamiento decretado a su cliente.
El caso de Carlos Roberto Bonilla fue elevado a juicio oral y público el 16 de septiembre de 2016, la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional lo declaró culpable por el delito de lavado de activos.
Por esta misma causa criminal, Liz María Ernestina Núñez Cardona guarda prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) por los delitos de prevaricato y abuso de autoridad.
Contrario a ello, en el caso de Delmy Elizabeth López Paz, quien actualmente se desempeña como magistrada de Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, se continúa a la espera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva la admisión de un antejuicio en su contra por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Ambas funcionarias se abstuvieron de declarar durante el desarrollo del juicio contra Bonilla, que duró tres días. La audiencia de individualización de la pena se llevará a cabo el 21 de agosto, según anunciaron los jueces del tribunal de sentencia. La defensa del imputado aseguró que interpondrá un recurso de casación contra el fallo.
