Tegucigalpa, Honduras.- El sistema democrático hondureño busca sacudirse la parálisis institucional que marcó el proceso electoral de 2025.
Tras las lecciones aprendidas el año pasado, el Congreso Nacional agiliza este año una serie de reformas diseñadas para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) no vuelvan a ser rehenes de intereses partidarios.
La meta es eliminar la "unanimidad" obligatoria que permitió que la ausencia deliberada de un solo funcionario detuviera el cronograma del país en el ciclo anterior.
La reforma pretende establecer que, de ahora en adelante, el quórum y las resoluciones se logren con la "mitad más uno", permitiendo que dos consejeros propietarios y un suplente integren el pleno.
Esta medida busca dotar de dinamismo a las instituciones y evitar que temas urgentes, como la contratación de tecnología o el pago de la deuda política, queden bloqueados por lo que los legisladores califican como "caprichos" o estrategias de sabotaje que ya causaron caos en 2025.
"La reforma electoral es que el TJE y el CNE no queden empantanados porque la ley actual establece que para que haya quórum tiene que estar la unanimidad; es el único órgano en el mundo que tiene eso cuando lo lógico es la mitad más uno", expresó Antonio Rivera Callejas, diputado y presidente de la Comisión Electoral.
La iniciativa ha provocado una fuerte fricción en la cámara legislativa, llevando a la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) a declararse en insurrección este 2026.
Argumentan que la medida busca desplazarlos, mientras que los impulsores de la reforma sostienen que la oposición intenta mantener la misma posición de veto que fomentó la anarquía el año pasado.
"Queremos evitar que un magistrado diga 'no voy a ir a sesión' y no haya sesiones por un mes y medio; esa reforma es necesaria hoy para que el CNE tenga dinamismo y no dependa de una persona que diga cuando le dé la gana si quiere asistir o no", detalló el legislador Rivera.
Además del cambio en el quórum, se baraja una reforma constitucional para aumentar de tres a cinco el número de consejeros y magistrados, integrando a dos representantes independientes.
Esta propuesta busca romper el control absoluto que las tres fuerzas políticas mayoritarias ejercieron durante las crisis de 2025, incorporando perfiles técnicos de la sociedad civil que no tengan relación directa con los partidos.
"Es un proyecto que se está trabajando como última opción, sería como está actualmente el CNE y agregándole dos consejeros que sean totalmente independientes, del perfil de personas que no tengan relación alguna con partidos políticos", sostuvo el presidente de la comisión.
La propuesta legislativa también incluye un endurecimiento de las sanciones para los funcionarios que impidan deliberadamente el quórum.
Se busca que la inasistencia injustificada sea castigada con severidad para que no se repita el escenario del año pasado, donde la parálisis interna obligó a contrataciones tecnológicas de última hora y generó una enorme incertidumbre en los resultados electorales.
"Ese fue el caos de la elección pasada, por eso se retrasó el programa electoral y se contrató una compañía a última hora; la reforma busca evitar eso e igualmente tiene sanciones muy fuertes para el consejero que no asista a sesión por capricho o razones políticas", puntualizó Rivera.
Por su parte, el Partido Libertad y Refundación (Libre) mantiene su rechazo rotundo, exigiendo una mesa técnica de diálogo.
Ante la petición, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha aceptado abrir este espacio de concertación para buscar una salida política a la insurrección legislativa que mantiene Libre.
Con este punto resuelto, se espera que el diálogo prevalezca entre las fuerzas políticas, para llegar a los consensos, realizar las reformas necesarias y reemplazar a las autoridades del CNE y TJE.
