Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional se encamina a ratificar un agresivo paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal bajo un estricto protocolo de confidencialidad.
Ante la naturaleza de los cambios, que incluyen la clasificación de maras y pandillas como asociaciones terroristas, los parlamentarios han solicitado formalmente que el tercer y último debate se realice en una sesión privada.
Esta medida excepcional busca blindar la integridad física de los 128 legisladores frente a posibles represalias de las estructuras criminales que serán impactadas por la nueva normativa.
La iniciativa, impulsada originalmente por la Secretaría de Seguridad, contempla la modificación de 25 artículos de mucha importancia para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada.
Entre los puntos más severos destaca la aplicación de la cadena perpetua en delitos de extorsión cuando estos deriven en la muerte de una persona.
La urgencia de estas reformas ha generado un consenso inusual en la Cámara, aunque persiste el temor por las consecuencias personales que implica votar a favor de una ley de "mano dura"."Se va a solicitar a la junta directiva que la sesión donde se tome esta decisión pueda ser a puerta cerrada por temas de ser algo de seguridad nacional y por la seguridad también de los diputados que vamos a votar el día que nos toca introducir el tercer debate", expresó José Sabillón, diputado y miembro de la Comisión de Seguridad.
El núcleo de la reforma radica en dotar al Estado de herramientas legales para desarticular agrupaciones delictivas mediante una nueva definición jurídica.
Se considerará como grupo terrorista a cualquier asociación de dos o más personas que, de forma temporal o parcial, se unan para sembrar el terror o desestabilizar el orden público.
Esta tipificación permitiría perseguir no solo a quienes ejecutan los actos, sino a toda la estructura jerárquica de las organizaciones criminales bajo penas mucho más elevadas.
"Tenemos reformas muy significativas como el caso de los grupos terroristas en el país, definiendo quiénes lo son cuando están asociados de dos o más personas, y también el caso de la extorsión donde habrá cadena perpetua en aquellos casos que exista la muerte de alguna persona", detalló el diputado Sabillón.
A pesar de la gravedad de la situación, en las bancadas del Partido Liberal de Honduras (PLH) se ha dado libertad de acción a sus integrantes.
Aunque existe un compromiso institucional con la seguridad del país, el voto será "personal y particular", reconociendo que cada legislador debe evaluar los riesgos que conlleva su participación en una sesión de tal magnitud.
"Como bancada siempre vamos a estar a favor de las grandes transformaciones, pero la votación en este caso será muy personal; toda la bancada está comprometida con el país y vamos a votar a lo que a Honduras le convenga", sostuvo el legislador liberal.
El paquete de reformas también incluye un componente de modernización tecnológica para combatir delitos complejos.
Junto a las modificaciones penales, se ha introducido la primera Ley de Ciberseguridad, diseñada para que las autoridades cuenten con facultades legales que permitan rastrear y neutralizar las comunicaciones utilizadas para coordinar extorsiones y ataques desde los centros penitenciarios o la clandestinidad.
"Tenemos que ir fortaleciendo la parte de ciberseguridad que también introducimos al Congreso, la primera ley para que las autoridades se valgan de estas herramientas para combatir la extorsión; sabemos que históricamente endureciendo las penas no se acaba el delito", puntualizó Sabillón.
Se prevé que la discusión final ocurra la próxima semana, una vez que la junta directiva del Congreso Nacional, encabezada por José Tomás Zambrano Molina, oficialice el protocolo de seguridad para la sesión.
De aprobarse, Honduras se sumaría a los países de la región que han endurecido sus leyes para enfrentar el fenómeno de las pandillas bajo un régimen jurídico de excepción penal.
